Integrantes de diversas organizaciones integrados en el colectivo Seguridad sin Guerra, se han pronunciado en contra de la Ley de Seguridad Interior, propuesta legislativa impulsada por el Revolucionario Institucional que busca, según el colectivo, “normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales, [que] contribuiría a perpetuar la violencia”.
Así argumentó el colectivo en rueda de prensa este lunes. Por su parte, Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, indicó que esta iniciativa de ley pretende otorgar fuerzas especiales en materia de seguridad pública a las instituciones castrenses, y que la estrategia de militarizar al país para combatir la inseguridad en México ha fallado desde su aplicación en el sexenio de Felipe Calderón.
De acuerdo con José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la ley “es inconstitucional porque se legaliza la violación a los derechos humanos. De acuerdo con la ley, los militares pueden detener y poner a disposición de la autoridad competente a las personas con las que se encuentren cometiendo un delito, pueden disparar y hacer uso de la fuerza letal”.
Lo anterior contraviene el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se especifica que las atribuciones especiales de las fuerzas armadas se darán sólo “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto… pero deberá hacerlo por un tiempo limitado…”.
Guevara argumentó que de aprobarse la ley, las fuerzas castrenses tendrían facultades de intervención en comunicaciones privadas, podrían obligar a la CNDH o el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) a que proporcionen información, para deponer a policías municipales y estatales, para el uso de la fuerza en movilizaciones sociales y manifestaciones, acciones que serían clasificadas como de “seguridad nacional”, y por las que no tendrían que rendir cuentas a la ciudadanía.
A pesar de esto, los legisladores priistas favorecen la aplicación de esta medida, al considerarla primordial para la gobernabilidad del país. Así lo indicó en días pasados Ana Lilia Herrera, quien mencionó que “Los legisladores sabemos que la ley en la materia es fundamental para dar certidumbre tanto a ciudadanos como a las fuerzas armadas”. Herrera ya había recibido las críticas de la sociedad, al argumentar que era “inconstitucional” la reasignación de fondos de los partidos políticos para los damnificados de los sismos de septiembre pasado.