¿Misoginia en la Ley? La "moralidad" del código penal federal

El aborto está prohibido en el Estado de México y se castiga con cárcel a quienes decidan realizarlo. Organizaciones civiles y feministas consideran que la criminalización del aborto es una violación a los derechos humanos de las mujeres, porque las leyes que lo prohiben se sustentan en argumentos morales.

por: Jeanette Estrada

Criminalización del aborto en Edomex

A pesar de los avances en materia jurídica y del exhorto de organismos internacionales para legalizar el aborto, este continúa penalizado en el Edomex.

De hecho, el artículo 250 del Código Penal de la entidad sostiene que a las mujeres que voluntariamente se practiquen un aborto se les impondrá de 1 a 3 años de prisión. A esto se añade que si las mujeres interrumpen su embarazo para ocultar su deshonra se les impondrá de 6 meses a 3 años de cárcel.

Por su parte, el artículo 332 del Código Penal Federal suscribe que se impondrá la misma sanción a quienes aborten en las siguientes circunstancias: que las mujeres no tengan mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que este sea de una unión ilegítima.

Sin embargo, si no se cumplen con las circunstancias mencionadas, las mujeres podrían permanecer en la cárcel hasta 5 años.

El 10 de agosto, en una manifestación en Toluca para exigir la aprobación de la interrupción legal del embarazo, varias participantes fueron rociadas con agua y gaseadas por trabajadores del Congreso / FOTO: Jesús Mejía

¿La moral rige las leyes?

Aunque el Estado es laico ––o sea que funciona de manera independiente de las instituciones religiosas––, la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se ha envuelto en debates morales y punitivos, con los que busca castigar con cárcel a las mujeres que deciden sobre sus cuerpos y ejercen su sexualidad libremente.

De acuerdo con el artículo “’Ante la duda, hay libertad’: El derecho a decidir de las mujeres y la libertad de conciencia”, los prejuicios en torno a la sexualidad provienen principalmente del sector religioso.

“La jerarquía católica, desde hace muchos años, pero con mayor énfasis desde el papado de Juan Pablo II, busca asignar una moral única y punitiva hacía el control del cuerpo de las mujeres y hacía el ejercicio de la sexualidad, especialmente todo lo relacionado al placer y la reproducción”, precisa el texto.

María ––integrante de la colectiva Marías aborteras y licenciada en Derecho––sostiene en entrevista que sí ha habido un avance progresista en la obtención de derechos para las mujeres; sin embargo, las instituciones todavía son conservadoras, por lo que no se garantiza la laicidad del Estado.

“Poco a poco ha ido evolucionando pero no podemos negar que existen los poderes fácticos; la iglesia y grupos conservadores siguen haciendo presión para que esto no cambie”, sostiene.

 

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Aunado a esto, la moralidad en los códigos penales tanto del Edomex como en el federal se refleja en la prohibición del aborto solo por decisión libre de las mujeres, ya que la interrupción del embarazo es legal en caso de violación, malformación o daño a la salud de las gestantes. 

Para María, esto evidencia que se criminaliza a las mujeres que gozan de su sexualidad y no el aborto en sí mismo:

“Tienen una característica moral porque normalmente dicen: ‘aceptamos que se dé el aborto por violación, pero no por andar de calientes’. Entonces, la connotación moral de que es un castigo para una mujer que ejerce su sexualidad de forma libre está implícita en esto, porque no se reconoce a las mujeres como sujetas de derecho”, explica.

Reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos

La conquista de los derechos ha sido un camino arduo, recientemente ––en los años 70–– la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) avanzó en reconocer las desigualdades a la que se enfrenta la mitad de la población por su condiciones de sexo y género.

María explica que fueron las luchas feministas de los años 70 y 80 las que avanzaron en la exigencia de la igualdad jurídica, y en las que se exigió la garantía de la salud sexual y reproductiva como un derecho humano de las mujeres.

Por definición, los derechos humanos deben asegurar la autonomía, la decisión sobre la corporalidad y el desarrollo de la libre personalidad de todas las personas. Entonces, al ser sujetas de derecho, la salud sexual y reproductiva de las mujeres debe ser reconocida como derecho.

“La salud sexual y reproductiva es un derecho humano porque está reconocido a través de los tratados internacionales [..] en el que se reconoce que las mujeres son sujetas de derechos; uno de ellos es el reconocimiento de la salud sexual”, precisa.

 

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Añade que antes las mujeres no eran consideradas como sujetos jurídicos, por lo que no podían tomar decisiones y, actualmente, hay una avance en el marco legal, incluso en el derecho a poder hablar sobre su sexualidad.

“Se empiezan a reconocer los instrumentos legales, que las mujeres como sujetas de derecho también tienen la autonomía para decidir qué hacer con su cuerpo y su sexualidad. Entonces, ha sido una evolución en los procesos jurídicos. […] las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos asumir esa responsabilidad [ser madres] o no”, sostiene.

Queda un camino largo por recorrer para las mujeres que buscan la interrupción legal del embarazo en Edomex. La integrante de Marías aborteras señala que al no estar garantizado este derecho, el Estado incurre en violencia sexual contra las mujeres porque las limita a su rol reproductivo y las obliga a maternar.

“[La prohibición del aborto] es totalmente misógina porque no les da atribuciones a las mujeres para decidir sobre su proyecto de vida, sobre su cuerpo, sobre su maternidad, sino es una imposición social”, añade.