“El amor romántico te encarcela o te mata”, dice Betty Maldonado, cofundadora de Mujeres Unidas por la Libertad, una asociación nacida entre muros y rejas.
Betty, a quien sus allegadas llaman “Chikis”, pasó ocho años privada de la libertad, marcada por el estigma que acompaña a muchas mujeres en prisión. Su historia no es aislada, sino parte de un patrón estructural: tortura, violencia institucional, detenciones arbitrarias, procesos viciados y sentencias desproporcionadas. Elementos que forman parte de un sistema penal que penaliza la pobreza, el género y el desconocimiento legal.
Por ello, en 2021, Adriana Leyva, Betty Maldonado y Margarita Gutiérrez registraron formalmente Mujeres Unidas x la Libertad, una asociación civil que opera principalmente en Ciudad de México y el Edomex.
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Tres historias, un origen común: la cárcel
Adri, Betty y Margarita —tres mujeres de contextos distintos en la capital del país— se conocieron en Santa Martha Acatitla. Allí, la precariedad del sistema penitenciario y los años de reclusión las convirtieron en aliadas, amigas y finalmente en hermanas.
Su necesidad de transformar el sistema nació de sus propias vivencias.
Margarita, florece
Originaria de Ciudad de México, con estudios truncos en administración, Margarita fue detenida a los 51 años por un presunto fraude bancario. Vivió diez años escondida para proteger a sus hijos —de 14 y 3 años en ese momento— tras ser amenazada con involucrarlos judicialmente.
Cumplió siete años de condena y fue la única sentenciada. Aunque enfrentó el abandono familiar, encontró sentido en mantener la biblioteca del penal y en sobrellevar las limitaciones económicas internas.
Tras su liberación, retomó la relación con sus hijos, emprendió un negocio de chocolate artesanal y se integró al proyecto con Adri y Betty. Más tarde, decidió retirarse para dedicar tiempo a su familia.
Adri, matriarca
Adriana fue condenada a los 41 años por un robo vinculado a una deuda que no era suya. Había sido la encargada de pagos en su empleo anterior y, pese a colaborar con las autoridades, fue procesada judicialmente.
Criada en un entorno matriarcal, su estancia en prisión no apagó sus convicciones ni su deseo de cambio. Su madre, de 80 años, y su hija, de 12, le brindaron apoyo emocional constante. En prisión, se sostuvo a través de rutinas de trabajo, deporte, mediación y vínculos familiares.
Salió en 2015. Aunque enfrentó un contexto adverso, recuperó su fuerza, se concilió con la ciudad y en 2019 se unió a Betty para fundar formalmente Mujeres Unidas por la Libertad.
Betty, la “Chikis Cortis”
Betty fue emprendedora y sostén económico de su familia. Se vio forzada a vender drogas para saldar la deuda de su esposo con grupos delictivos en su comunidad y proteger a sus hijos y nietos.
Ella y parte de su familia fueron detenidos de forma violenta. Por desconocimiento de sus derechos, Betty se declaró culpable de delitos que no había cometido.
Pasó siete años en prisión, uno de ellos en las Islas Marías, donde sufrió aislamiento, pobreza extrema y castigos físicos.
“Unas chicas de Culiacán me pusieron Chiquis por chiquita y Cortis porque decían que yo era de mecha cortita […] porque entré en una ingobernanza, no respetaba las reglas que hacían para hacernos sufrir y me castigaban”.
En 2016 obtuvo su libertad. Más tarde, retomó contacto con Claudia, amiga de las Islas Marías, quien falleció de cáncer cervicouterino. En su memoria, Betty reunió a Adri y Margarita para fundar Mujeres Unidas por la Libertad, en apoyo a quienes siguen privadas de la libertad.
Voces que resisten
En 2019, las tres se reencontraron para crear un espacio colectivo de denuncia y acompañamiento. Comenzaron apoyando la campaña “Liberarlas es justicia, el contexto es la única diferencia”, impulsada por Equis Justicia para las Mujeres, en favor de la Ley de Amnistía.
También organizaron campañas de insumos con perspectiva de género, gestionando apoyos con marcas como Saba, Genomma Lab y Essity. Estas donaciones incluyeron productos básicos como toallas sanitarias, shampoo y papel higiénico.
Frente a las carencias institucionales, lanzaron iniciativas como No más lolas al aire (donación de brasieres) y No más pies descalzos (tenis en buen estado), dirigidas a cubrir necesidades que el Estado no garantiza.
Betty explica en entrevista con AD Noticias que el objetivo es sensibilizar a las autoridades:
“Si no le dan importancia a algo tan simple como una toalla sanitaria o un brasier, mucho menos al acceso a servicios médicos como papanicolaou, mamografías o pruebas de VIH”.
El problema no es local, sino nacional.
“Conozco una chica en Tepepan que fue detenida por unos marinos. Ella tuvo tortura física y sexual por parte de cuatro de ellos. La contagiaron de VIH y le fabricaron el delito de secuestro, ¿no? Entonces, ¿dónde está la reparación para ella, cuando ella solo iba caminando? Y todavía la sentencian a muerte lenta con el VIH”.
“Las mujeres salen libres, pero en un ataúd”
En México, 370 mil personas viven con VIH y cerca del 80 % de la población tiene el Virus del Papiloma Humano (VPH). Las mujeres en prisión enfrentan este problema de salud pública sin detección oportuna, tratamiento ni vacunas.
El VPH provoca el 99 % de los cánceres cervicouterinos, tercera causa de muerte entre mujeres en México. El Estado de México encabeza el registro con más de 4,500 defunciones anuales, según el ISEM.
“Yo tuve castigo tras castigo porque tan solo levantaba la vista con la oficial y le decía: ‘Es que me siento mal, necesito que me lleve al médico’. Ellas inmediatamente me castigaban y me decían que esa piedra de ese lugar tenía más valor que mi propia vida”, relata Betty.
En la Ciudad de México existen campañas de detección, pero no garantizan tratamiento. Según el INEGI (2021), sólo el 40 % de las mujeres en prisión se ha practicado el papanicolaou, y apenas el 30 % la mastografía. En el Estado de México, entre julio de 2020 y julio de 2021, solo el 29.8 % accedió a un papanicolaou. No hay datos actualizados.
“Claudia era una mujer espectacular y murió en las peores condiciones que jamás imaginé. Ella estuvo por un delito que no cometió. Murió de cáncer cervicouterino. […] Tenemos derecho a la vida, pero también a morir dignamente”.
Entre abandono y suicidio
Enfermedades no tratadas son solo una de las causas de muerte en prisión. A esto se suman la falta de justicia, atención a la salud mental, tortura, falta de actividades económicas, abandono familiar, entre otros factores que llevan a muchas al suicidio.
“En las Islas, amarré una sábana, le hice muchos nudos y yo decía: ‘Pues yo me voy a morir’, ¿no? Le hice nudos para que no se rompiera porque si me caía y me fracturaba, nadie me iba a atender. Pero recordé a mi abuelita que decía que Dios no se lleva chingaderas al cielo. Entonces, no lo hice. Y creo que esa fue la razón por la que empecé a ser resiliente”.
Uno de los casos más graves ocurrió en el CEFERESO 16 en Morelos, donde al menos 11 mujeres murieron por suicidio en un lapso de 9 meses. Pese a los llamados de la CNDH, no hubo mejoras estructurales en los centros penitenciarios.
Los colores de la libertad
Mujeres Unidas x la Libertad también organiza talleres de expresión emocional y formación laboral. Ofrecen refugio, alimento y apoyo a mujeres que no tienen dónde ir tras su liberación.
“Yo no tenía dónde vivir. Dije: voy a hacer mi palacio debajo de un puente. Ideaba a qué puente me iría. Lo pintaría de rosa, morado… como quiero mi vida ahora, de colores. Por eso nuestro logo es así”.
La discriminación, el rechazo familiar y el abandono del Estado colocan a las mujeres que egresan de centros penitenciarios en una situación de alta vulnerabilidad. Tener antecedentes penales o carecer de documentación oficial dificulta su camino hacia la autosuficiencia económica y social.
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Por una justicia verdadera
La organización trabaja con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en casos de amnistía, reducción de condenas y la revisión de casos de mujeres que han pasado años en proceso sin sentencia, que han sido encarceladas injustamente o que enfrentaron violaciones a sus derechos durante su proceso penal.
Entre estos casos está el de Dulce, originaria del Estado de México, quien pasó 19 años en prisión sin una sentencia, acusada de secuestro a partir de una carpeta fabricada. También el de Irma, de Ixtlahuaca, encarcelada durante más de una década por un aborto espontáneo derivado de violencia doméstica.
A pesar del miedo, muchas mujeres deciden hablar. Mujeres Unidas por la Libertad, les brinda un espacio para ser escuchadas y recuperar la voz que les fue arrebatada. Para Betty, eso es accionar:
“Que nuestras historias se conviertan en herramientas para cambiar las leyes, para que no se repita”.
Y junto con su labor humanitaria, siguen luchando por salvaguardar los derechos de las mujeres privadas de la libertad.
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