A diez años del feminicidio de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció de forma histórica a su familia como víctima indirecta del crimen.
En una sentencia unánime, la Primera Sala ordenó una reparación integral del daño, incluidas medidas de no repetición, apoyo psicológico, vivienda digna, y acciones simbólicas como una disculpa pública y la construcción de una estatua en honor a la menor asesinada en Lerma, Estado de México, en 2015.
“Hoy tenemos derecho a que Fátima tenga una estatua, pero Fátima debería estar aquí. Con una estatua no van a regresarme a mi hija”, expresó Lorena Gutiérrez, madre de Fátima

En conferencia de prensa junto al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denunció el abandono institucional que vivieron tras el asesinato de su hija, incluyendo un desplazamiento forzado de más de siete años y la muerte de su hijo menor, Daniel, en 2020, víctima de una negligencia médica mientras se encontraba bajo medidas de protección.
“Esto no debe volver a pasar. No debe haber violencia institucional, y mucho menos contra nuestras infancias. Daniel tenía protección, pero murió con el profundo dolor de haber perdido a su hermana”, denunció Gutiérrez, recordando que el feminicidio dejó secuelas más allá de lo imaginable.
La sentencia, propuesta por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat en el Amparo Directo en Revisión ADR 5363/2023, sienta un precedente al reconocer los impactos materiales e inmateriales que sufre el entorno familiar de una víctima de feminicidio.

Resolución del caso de Fátima Quintana
Establece que no deben exigirse formalismos para acreditar la calidad de víctimas indirectas, y ordena que el Estado garantice atención médica y psicológica, así como condiciones dignas de vida para quienes fueron desplazados.
Entre las medidas dictadas por la SCJN se incluyen acciones concretas: pavimentación de caminos inseguros, instalación de cámaras de seguridad, botones de auxilio, transporte público accesible para niñas y niños, vigilancia policial y charlas comunitarias sobre violencia de género. Pero también contempla acciones simbólicas como una disculpa pública y la estatua de Fátima, elementos que buscan dignificar su memoria y hacer visible la lucha incansable de su familia.

La asesora jurídica Ana Yeli Pérez calificó la resolución como “una de las más progresistas del país” en materia de violencia feminicida. Subrayó que la Corte no solo reconoció el crimen, sino también el contexto de violencia institucional en el que se dio, y exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México a implementar mecanismos permanentes de protección y prevención.
La mamá de Fátima, también hizo un llamado a las comisiones de víctimas del país, y especialmente a las autoridades del Estado de México, para que se proteja de forma efectiva a quienes quedan tras un feminicidio.


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