La gestión del desarrollo urbano y la infraestructura en Atizapán de Zaragoza bajo la administración de Pedro Rodríguez Villegas transita entre dos polos de tensión. Por un lado, la exigencia ciudadana de certeza jurídica frente al uso de suelo en zonas residenciales; por otro, la mitigación de riesgos geológicos y el rezago de servicios básicos en colonias periféricas.
Documentos oficiales, bitácoras de asambleas vecinales y recientes foros institucionales revelan contradicciones administrativas y deudas de infraestructura que el ayuntamiento intenta saldar a través del Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PDU) 2025-2027.
Vergel de Arboledas y el rastro institucional de 31 lotes
El pasado 14 de mayo, el ayuntamiento llevó a cabo los «Diálogos por el Mejoramiento Urbano» en el Club de Golf La Hacienda. El evento, diseñado para captar propuestas de la ciudadanía e integrarlas al nuevo PDU, evidenció los vacíos legales que operan sobre el fraccionamiento Vergel de Arboledas.
Durante la sesión, el Director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, José Ramón Jarquín Rodríguez, admitió frente a los colonos el estatus irregular de tres decenas de predios en disputa. La activista y vecina de la zona, Sofía Mancilla, documentó la respuesta oficial tras las manifestaciones vecinales.
«Queda claro que el tema de los 31 lotes y las restricciones históricas de Vergel de Arboledas sí es un tema plenamente conocido por el propio Municipio», señaló Mancilla. «Durante el evento incluso el propio Director habló públicamente de bloqueos administrativos, restricciones, claves catastrales, riesgos de usucapión, vacíos administrativos y futuras limitaciones dentro del nuevo PDU 2025-2027 en relación a los 31 lotes».
El testimonio vecinal subraya a AD Noticias que la autoridad municipal reconoció el origen estatal de estas restricciones, desmintiendo versiones previas sobre la comercialización de dichos espacios. «Llamó particularmente la atención que se reconociera que las restricciones históricas tenían origen estatal que no es un tema nuevo, además de afirmar que los predios ni siquiera se encuentran ‘vendidos’ como durante todo este tiempo se hizo creer», relata la activista.
La presión ciudadana obligó a la administración local a fijar una postura rastreable. Mancilla califica esto como un hito jurídico:
«El avance real es haber obligado a que: el municipio hablara; el Estado reaccionara; Porque existen oficios y trazabilidad urbana y archivística ; que existen contradicciones con las autoridades ; y ya haya rastro institucional formal. Eso administrativamente pesa muchísimo más que cualquier pleito, porque jurídicamente los hechos denunciados se han demostrado fehacientemente ante las instancias correspondientes».
Intervención del OIC y protocolos de acceso
La tensión administrativa en Vergel de Arboledas también ha escalado a nivel operativo. Recientemente, personal del Órgano Interno de Control (OIC) acudió al fraccionamiento para ejecutar notificaciones relacionadas con actuaciones oficiales. El ingreso fue inicialmente obstaculizado por la seguridad del complejo, hasta que se permitió el acceso institucional.
Sobre este incidente, Mancilla reportó: «El personal de vigilancia finalmente permitió el acceso y reconoció expresamente que ‘no volverá a pasar’, ofreciendo incluso una disculpa por lo ocurrido».
El hecho evidenció la falta de protocolos para la entrada de autoridades. «Confirma la importancia de que existan criterios claros, congruentes y compatibles con el ingreso de autoridades, notificadores y diligencias oficiales dentro del fraccionamiento, evitando discrecionalidad, confusiones o futuros obstáculos administrativos. No se pueden estar cambiando las reglas a discrecionalidad ni a capricho sin ser votado y aprobado en Asamblea», sentenció la vecina.
El Calvario: servicios básicos y donaciones privadas
A la par de las disputas legales en fraccionamientos residenciales, zonas como El Calvario exhiben el rezago histórico en infraestructura y servicios públicos. La escasez y baja calidad del agua potable es una demanda documentada. A finales de 2023, la dependencia de pipas obligó a la administración a renovar la red hidráulica bajo la premisa «primero el agua, luego la calle», seguida de pavimentación. El PDU 2025-2027 clasifica el suministro hídrico y el alumbrado como las principales exigencias ciudadanas.
El 18 de mayo de 2026, el gobierno municipal formalizó la recepción de un predio de 670 metros cuadrados donado por la empresa FRISA en El Calvario. El espacio será destinado a la creación de una plaza o área deportiva, paliando la carencia histórica de áreas de convivencia en la comunidad.
Las fallas en el drenaje y los cortes de energía eléctrica persisten como quejas recurrentes. En 2021, el desbordamiento de aguas negras afectó decenas de inmuebles. Aunque no se han registrado colapsos masivos en el trienio reciente, la topografía mantiene el riesgo de encharcamientos durante la temporada de lluvias.
Riesgo geológico y subsuelo minado
La inestabilidad del suelo es un factor transversal en Atizapán. El municipio enfrenta subsidencia minera por la explotación de materiales pétreos entre 1950 y 1970. El Atlas Municipal de Riesgos (actualizado a 2024) identifica 34 zonas con cavernas subterráneas, afectando directamente a un estimado de 32,000 a 37,000 habitantes en 64 colonias, incluyendo Calacoaya, Lomas de Atizapán y Zona Esmeralda.
En respuesta, el ayuntamiento adquirió en enero de 2024 un georradar para la detección no invasiva de cavidades e implementó brigadas de relleno con hidróxido de calcio y perlita, operadas en conjunto con la FES Acatlán de la UNAM.
Si bien El Calvario no figura como un foco rojo por hundimientos vinculados a cavernas, su ubicación periférica y topografía accidentada la exponen a riesgos de deslave. En abril de 2025, Protección Civil alertó sobre posibles derrumbes en laderas de El Calvario, La Cuesta y zonas de escurrimiento del Río Peñitas. La expansión urbana irregular sobre pendientes y la erosión hidrometeorológica mantienen a la zona bajo monitoreo permanente.
De esta manera, Atizapán busca regular la expansión urbana, sin embargo los retos parecen ser mayores a la capacidad de la demarcación, acusando presiones de diversos grupos, pero todos con riesgos inminentes que ha generado un crecimiento desproporcionado y sin control que la actual administración deberá resolver.
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