El nivel de escasez de agua reportado en Atizapán de Zaragoza durante 2024 no coincide con los datos oficiales disponibles, lo que abre cuestionamientos sobre la narrativa de crisis que derivó en racionamientos y en el aumento del consumo de pipas privadas.
En 2024, la crisis hídrica golpeó con severidad al Valle de México. En Atizapán, un municipio que depende en aproximadamente 80% del Sistema Cutzamala, el racionamiento se volvió constante para miles de familias. La explicación gubernamental apuntó a una sequía histórica; sin embargo, desde la sociedad civil organizada surgió una revisión de datos que plantea una lectura distinta.
Un análisis elaborado por la organización ciudadana encabezada por el activista Eduardo de la Cruz, basado en reportes de suministro en bloque de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y en datos de extracción de pozos municipales, estima que el déficit hídrico fue de 24.98%, una cifra considerablemente menor a la percepción de colapso.
“¿Recuerdas cuando en 2024 el gobierno nos juraba que la sequía nos había quitado el 70% del agua? Desde la organización investigamos y encontramos que la reducción real fue de apenas 24.98%. Los números no cuadraban”, señala el activista.
Dependencias como la CAEM y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sí documentaron una disminución en el abasto derivada de la crisis del Cutzamala. No obstante, no existe un documento público en el que autoridades municipales o estatales hayan fijado oficialmente una caída del 70% en el suministro para Atizapán.
La organización sostiene que la diferencia entre los datos disponibles y la percepción de escasez podría estar relacionada con una restricción en la distribución del agua.
“Comprobamos con datos que el agua sí existía, pero se cerraron las llaves a propósito para generar escasez y beneficiar a las pipas privadas”, afirma De la Cruz.
Durante el periodo de estiaje de 2024 y 2025, la demanda de agua mediante pipas se incrementó de forma significativa. Aunque el gobierno municipal implementó un programa de pipas gratuitas, este resultó insuficiente ante la demanda, mientras que el servicio privado elevó sus costos.
“Mientras ellos hacían su negocio, muchas familias tuvieron que destinar parte importante de su ingreso para pagar pipas”, añade el activista.
El crecimiento del mercado de agua por pipas ocurre en un contexto donde ya se han documentado irregularidades en el manejo del recurso. En octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) implementó la “Operación Caudal”, mediante la cual aseguró pozos clandestinos y desmanteló redes de extracción ilegal.
A esto se suma un problema estructural en la entidad. De acuerdo con el Programa Hídrico Integral del Estado de México 2024-2029, las pérdidas en redes de distribución superan el 40%, principalmente en infraestructura de asbesto-cemento.
Frente a este escenario, la organización ciudadana plantea la necesidad de transparentar la gestión del agua y auditar los volúmenes reales de distribución.
“Un gobierno ciudadano audita cada litro y defiende el agua como un derecho, no como un negocio”, sostiene De la Cruz.
Hasta el momento, no existe una auditoría oficial ni investigación de autoridades que confirme o descarte la existencia de una manipulación deliberada en el suministro de agua en el municipio. Sin embargo, la diferencia entre los datos disponibles y la percepción de escasez mantiene abierto el cuestionamiento sobre la administración del recurso en Atizapán.
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