El conflicto en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, Campo 4, escaló en las últimas horas. A tres semanas del asesinato del estudiante Joel Ulises Cristóbal Castillo y frente al condicionamiento institucional para destrabar el paro, la comunidad estudiantil anunció una movilización hacia la Rectoría de la UNAM para este viernes 8 de mayo.
La disputa se encuentra en un punto de quiebre. Los posicionamientos estudiantiles y la actualización del pliego petitorio evidencian un bloqueo claro: la dirección del plantel exige la entrega de las instalaciones para otorgar garantías, mientras que los alumnos demandan compromisos formales y por escrito antes de levantar el paro.
La postura de la administración quedó asentada en un documento oficial de seguimiento, actualizado al 5 de mayo de 2026 y firmado por el director del plantel, David Quintanar Guerrero. En él, la Facultad reconoce el paro académico, pero fija límites sobre las demandas del movimiento.
En particular, sobre la exigencia de una carta de no represalias —académicas, administrativas y disciplinarias—, la institución establece que el documento será entregado “una vez que se regrese a las actividades académicas en cualquier modalidad”, con el argumento de generar condiciones de confianza.
La autoridad también señala que la emisión de dicho documento es atribución exclusiva del H. Consejo Técnico, el cual manifestó disposición para sesionar de manera prioritaria, pero únicamente después de la reanudación de actividades.
La respuesta estudiantil fue inmediata. A través del Consejo de Representantes Estudiantiles FESC, los alumnos convocaron a una movilización el 8 de mayo, con destino a Rectoría y posibles afectaciones en Avenida Insurgentes.
Los puntos de reunión son el Metro Revolución y Buenavista a las 11:00 horas, así como el Parque de la Bombilla al mediodía. Bajo consignas que retoman la memoria histórica del movimiento estudiantil, los universitarios rechazaron el condicionamiento de las autoridades.
El conflicto trasciende el homicidio de Joel Ulises. Los estudiantes advierten que la movilización también responde a la falta de condiciones de seguridad, deficiencias en infraestructura y ausencia de transparencia en el uso de recursos.
Entre sus demandas se encuentran la instalación de cámaras de videovigilancia, la construcción de una barda perimetral, la ampliación del transporte público —incluido el Pumabus— y la presentación de un cronograma claro de obras.
El anexo técnico actualizado al 5 de mayo muestra avances limitados. La instalación del sistema de videovigilancia se proyecta hasta mediados de julio; la barda perimetral no cuenta con fechas definidas; y la ampliación del transporte se mantiene en gestión ante la Secretaría de Movilidad del Estado de México.
En cuanto a infraestructura interna, la Facultad reporta acciones menores como cambio de chapas, rehabilitación de sanitarios, colocación de pantallas en aulas y retiro de basura. Sin embargo, obras mayores y equipamiento especializado dependen de licitaciones en proceso y disponibilidad presupuestal.
El movimiento busca además ampliar su alcance. Los estudiantes lanzaron un llamado a la Facultad de Artes y Diseño (FAD) y a escuelas del Instituto Politécnico Nacional, como la Escuela Superior de Economía y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, para articular una protesta conjunta.
La movilización del 8 de mayo será una primera medición de fuerza. Cuatro días después, el 12 de mayo, autoridades y estudiantes tienen prevista una nueva mesa de trabajo, donde se definirá si las condiciones administrativas permiten destrabar el conflicto o si el paro escala hacia un frente universitario más amplio.
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