- ¿Quién dejó sin pago a Salud? Fuenteovejuna, señor
- Natán Enríquez, delegado para la fotografía
- La nueva UAEMéx comienza a organizar su poder
- Dos años después, un asesino sigue libre
- Qué bonita familia
¿Quién dejó sin pago a Salud? Fuenteovejuna, señor
Dejar sin salario a más de nueve mil trabajadores no es un error de ventanilla, sino una falla de gobierno. El financiamiento corresponde al IMSS-Bienestar y el ISEM procesa la nómina, pero la Secretaría de Finanzas administra los flujos y vigila el ejercicio del gasto. Óscar Flores quizá no capturó los datos ni ordenó cada transferencia, pero encabeza la dependencia obligada a cuidar que el dinero llegue completo y a tiempo. Si los recursos federales no fueron transferidos, debió exigirlos; si llegaron y no se dispersaron, debió detectar el atasco; si la nómina tenía inconsistencias, debió conocerlas antes del vencimiento. La responsabilidad administrativa tendrá que acreditarse con documentos; la política ya existe. Durante cuatro días nadie previno, explicó ni resolvió el impago, hasta que médicos, enfermeras y personal operativo salieron a las calles. Hacienda, IMSS-Bienestar, Finanzas e ISEM forman una cadena eficaz para dispersar el dinero y también, al parecer, para dispersar las culpas.
Natán Enríquez, delegado para la fotografía
La crisis de la nómina reveló para qué no sirve la coordinación estatal del IMSS-Bienestar. Natán Enríquez Ríos puede encabezar ceremonias, firmar convenios y ocupar un lugar en el presídium; lo que no pudo fue explicar por qué nueve mil trabajadores seguían sin cobrar. Cuando el sistema falló, el coordinador desapareció y dejó a un subordinado la penosa tarea de informar que apenas “analizaban el caso”. Enríquez terminó convertido en uno de esos botones del control remoto que nadie utiliza ni sabe para qué existen. El problema rebasa al personaje. El IMSS-Bienestar creó representaciones territoriales sin mando reconocible, responsabilidad precisa ni capacidad de respuesta. Son cargos útiles para extender la burocracia federal, repartir nombramientos y simular presencia institucional; cuando llega una crisis, todos miran hacia otra oficina. Natán Enríquez no resolvió el impago, pero ayudó a resolver una duda: su coordinación sirve, sobre todo, para demostrar que estar en el organigrama no significa gobernar.
La nueva UAEMéx comienza a organizar su poder
La elección en Contaduría será la primera prueba territorial del orden surgido tras la sucesión en la Rectoría. Cinco aspirantes disputarán el 25 de agosto la dirección de una de las facultades con mayor matrícula, presupuesto e influencia interna. Después vendrá Derecho, históricamente vinculada con la formación de cuadros políticos y debilitada tras un año sin titular y tres encargados de despacho. En ambos procesos podrá verse si la ruptura que llevó a Patricia Zarza a la Rectoría cambió la distribución del poder o sólo sustituyó a sus administradores. Los grupos desplazados tratarán de conservar posiciones; los emergentes comenzarán a construir las propias y el movimiento estudiantil buscará impedir que las decisiones vuelvan a tomarse a puerta cerrada. La sucesión rectoral terminó, pero el nuevo mapa universitario apenas empieza a dibujarse. Contaduría será el ensayo; Derecho, por su historia y peso político, la disputa mayor.
Para saber más: Salud federalizada, responsabilidad extraviada
Dos años después, un asesino sigue libre
La Fiscalía mexiquense ha demostrado que puede localizar y detener objetivos mucho más complejos. Por eso cuesta entender que René Palomares continúe prófugo. Fue dirigente del SUTEYM, pertenece a una familia pública, está plenamente identificado y existe una recompensa por su captura. No se trata de un hombre sin pasado ni vínculos. Puede contar con dinero, protección o una red capaz de mantenerlo oculto; no hay elementos públicos para asegurarlo, pero dos años de fuga obligan a considerarlo. Tomás Palomares incluso ha hablado de supuestas detenciones y liberaciones, una versión que la Fiscalía debería aclarar. El caso es una excepción difícil de explicar dentro de una institución que hoy ofrece resultados. Resolverlo no debilitaría a la Fiscalía; por el contrario, confirmaría que ningún antiguo poder sindical está por encima de la justicia.
Qué bonita familia
Joaquín López-Dóriga lleva días vociferando porque Luisa María Alcalde lo incluyó entre los comunicadores que amplifican versiones contra el gobierno. Pidió que se lo sostuviera “cara a cara”, habló de listas negras y se presentó como víctima de intimidación. En el fondo tiene razón: el gobierno no debe repartir certificados de veracidad ni señalar periodistas desde Palacio Nacional. Pero el Teacher exige explicaciones con una vehemencia que desaparece cuando las preguntas entran en su casa. En 2015, su esposa, Teresa Adriana Pérez Romo, fue denunciada por presuntamente exigir cinco millones de dólares para dejar de obstaculizar una obra en Polanco; el caso no terminó en condena. Ahora su yerno, Rodrigo García Madrazo, está indiciado y no ha sido localizado, pese a que existe una orden de aprehensión por el presunto blanqueo de dinero de la Red Verde. López-Dóriga no responde por los actos de sus familiares, pero resulta difícil tomar en serio su cruzada moral cuando calla frente a ellos. Qué bonita familia: primero la esposa señalada por extorsión, después el yerno prófugo y, al centro, el patriarca indignado porque alguien puso su nombre en una lista.
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