El grupo plural de la Cámara de Diputados, acusa a la Procuraduría Genera de Justicia del Estado de México (PGJEM) de negarse a entregar información completa sobre los primeros tres meses en que tuvo a su cargo la investigación de la presunta masacre de 22 jóvenes, ejecutados por elementos del Ejército en el municipio mexiquense de Tlatlaya, en junio del año pasado.
La presidenta del grupo plural para coadyuvar en las investigaciones del caso Tlatlaya, la Diputada Elena Tapia Fonllem, aseguró en una entrevista ofrecida al portal de noticias SinEmbargo, que hay un evidente interés de las autoridades por retrasar las conclusiones de la investigación de esta ejecución, al no proporcionar información oficial, dar largas a las solicitudes e incluso evitar las entrevistas con altos mandos del Ejército.
La legisladora agregó que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han brindado a los legisladores sólo testimonio verbal, sin entregar los expedientes solicitados.
Estas negativas, destacó, hacen imposible que el grupo plural conformado por ocho legisladores de todos los grupos parlamentarios hayan podido avanzar en su propia indagatoria de los hechos ocurridos el 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, integrado en el informe preliminar del pasado 17 de diciembre.
La Diputada explicó que, debido a los escasos datos brindados por las autoridades, el informe preliminar que presentó el grupo plural está basado en entrevistas y en información proporcionada de manera verbal con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y con un grupo de elementos del Ejército involucrados en derechos humanos y conocedores del tema, aunque aclaró que no con altos mandos del Ejército.
Detalló que requieren del Gobierno del Estado de México los expedientes de las primeras investigaciones realizadas por la Procuraduría estatal, porque son vitales para determinar qué pasó realmente en Tlatlaya.
“Si bien el Procurador Jesús Murillo Karam accedió a tener una entrevista con nosotros, pues todavía no recibimos respuesta por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, ni del Gobernador [Eruviel Ávila Villegas] ni de la Procuraduría”, recalcó.
El grupo plural de la Cámara de Diputados solicitó de forma institucional a las autoridades mexiquenses una copia de los expedientes abiertos sobre los delitos, así como una reunión con funcionarios para detallar la información.
Tanto la Diputada Elena Tapia Fonllem como el grupo parlamentario del PRD adelantaron que el gobierno del Estado de México debe aclarar por qué asegura que sus peritajes fueron “apresurados” si tuvo 85 días para integrar la averiguación previa, hasta que la PGR atrajo el caso el 23 de septiembre de 2014.
Otro asunto que se requiere a la procuraduría estatal es conocer si turnó la investigación a la PGR contra las dos mujeres Cynthia Estefani Nava López y Patricia Morales Campos, como un medio de intimidación, para evitar que se revelara la verdad complementario a la tortura, o porque no tenía conocimiento de los actos ilegales de sus agentes, peritos y ministerios públicos.
Otra duda de los legisladores es: ¿Por qué la CNDH declaró públicamente que la PGJEM le entregó mil 600 fotografías sin que se encontraran fotos detalladas de los cadáveres? Es decir, las fotos de las personas ejecutadas, conocidas nacional e internacionalmente gracias a los medios de comunicación.
Por lo que se supone que esas fotografías fueron omitidas o sustraídas por la PGJEM del expediente original.
También se solicita al Gobierno del Estado de México conocer qué funcionarios están bajo procesos administrativos o penales, y si actuaron bajo instrucción o en acuerdo con autoridades militares o con responsables de alto nivel del propio gobierno estatal.
Finalmente, los legisladores solicitan saber cómo efectuará la reparación integral del daño a las tres mujeres víctimas: “Julia”, Cynthia Estefani Nava López y Patricia Morales Campos; qué acciones tomará para restituir sus derechos y para garantizar investigaciones efectivas y respetuosas de los derechos humanos.
(Sinembargo.com.mx)