Toluca, México; 6 de febrero de 2018. “Eliminar los privilegios de los exgobernadores mexiquenses no va solucionar los problemas por lo que atraviesa la demarcación”, consideró Alejandra del Moral, presidenta del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México.
En diciembre pasado, la bancada de Morena del congreso local propuso eliminar los privilegios a los ex gobernadores del Estado de México a partir del 2019; la iniciativa, presentada por la diputada Azucena Cisneros Coss, proponía abrogar los decretos número 87 y 88 publicados en la Gaceta de Gobierno en 1945 y 1993, respectivamente, los cuales indican que para salvaguardar la integridad y seguridad de los ex mandatarios mexiquenses gozarían “de privilegios una vez concluido tan honroso y alto cargo al servicio del estado”.
El decreto 86 designa personal a los mandatarios en turno, éste fue promulgado el 7 de mayo de 1993 por Ignacio Pichardo Pagaza, e indica que los ex gobernadores pueden ser acreedores a una pensión en especie: un “jefe de ayudantes” con categoría de subdirector, un “chofer ayudante”, con categoría de chofer del Secretario General de Gobierno; así como “tres ayudantes” con categoría de oficiales de seguridad pública, así como “una secretaria” con categoría de secretario particular.
El portal The Observer solicitó a la Secretaría de Finanzas información relacionada con el caso en la que se señala que “son seis los exgobernadores acreedores por derecho a los beneficios del Decreto”: Alfredo Baranda García, Ignacio Pichardo Pagaza, Alfredo del Mazo González, Emilio Chuayffet Chemor, César Camacho Quiroz, Arturo Montiel Rojas y Eruviel Ávila.
En la lista no aparece Enrique Peña Nieto debido a que el decreto, establece que los funcionarios que presten su servicio a la federación no podrán contar con este beneficio.
De esta manera, según la información recabada, el Estado de México pagaría a 33 funcionarios públicos al servicio de los ex mandatarios estatales para su seguridad, entre ellos, 20 policías, 10 oficiales y tres comandantes de regimiento, que cuestan al erario público alrededor de 315 mil pesos mensuales, 3 millones 780 mil pesos anuales.
Al respecto, Alejandra del Moral mencionó: “si se les quita está bien no pasa nada. Pero lo que se les quita de la pensión no va alcanzar para pagar, no da para construir hospitales. […], añadió “el PRI nunca va a dejar a solos a nuestros exgobernadores con pensión o sin pensión siempre seguirán siendo gobernadores [sic]”.
Del Moral también consideró que esta propuesta no debería ser una prioridad de la Cámara de Diputados mexiquense, por lo que expresó su respaldo a los exmandatarios: “No es un tema económico es un tema de solidaridad, como priista es importantes”.
Esta iniciativa ya fue turnada a las comisiones de Finanzas y Puntos Constitucionales para su estudio y eventual aprobación en el próximo periodo ordinario de sesiones.