Los sistemas locales de fiscalización, que forman parte del Sistema Anticorrupción, y los cuales buscan maximizar la cobertura, el impacto de la fiscalización y compartir información, podrían ser eliminados.
El Sistema Nacional Anticorrupción pretende que solo exista un sistema nacional de fiscalización, con lo cual, las trece entidades que lo tienen, entre ellas el Estado de México, tendrían que eliminarlo.
El primero de marzo la secretaría técnica del Sistema Nacional envió una recomendación no vinculante al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Estado de México y otra al Congreso local para solicitarles hacer cambios a la norma.
Durante la reunión de este miércoles, el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Marco Antonio González Castillo explicó que aunque anteriormente no se había comentado que esos sistemas tuvieran algún viso de inconstitucionalidad, en su informe de este año la presidenta nacional del CPC incluyó una recomendación no vinculante a los 13 estados del país con sistema de fiscalización.
El argumento, precisó, es que solo debe existir un Sistema Nacional de Fiscalización, por lo cual ahora pide a las Legislaturas locales que modifiquen su normatividad, con lo cual, sería la segunda ocasión en que se considera la existencia de una posible inconstitucionalidad, pues tras publicarse la ley, el CPC nacional acusó que era inconstitucional la creación de sistemas municipales, pero la Suprema Corte falló a favor de la entidad mexiquense.
González Castillo opinó que no es «bueno, ni malo» que el Sistema Nacional haya solicitado el ajuste, pero falta conocer las motivaciones y Luis Manuel de la Mora Ramírez advirtió que los temas de fiscalización son estatales, por lo cual cada institución tiene sus alcances y atribuciones y confío en que habrá una férrea defensa legislativa del tema.
De acuerdo con la Ley, el Sistema de Fiscalización es un conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los entes públicos fiscalizadores para maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en el Estado y sus municipios, e intercambian información, sin incurrir en duplicidades u omisiones. Lo integran el Órgano Superior de Fiscalización, la Contraloría estatal, la del Poder Legislativo y las municipales.
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