La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) implementó fuertes acciones operativas, realizó tres cateos —dos en Toluca y uno en Metepec— y realizó despliegues en el Palacio municipal y en el Centro de Comando y Control (C2) la noche del viernes derivadas de una orden de aprehensión contra el alcalde Raymundo Martínez Carbajal.
Elementos de la Fiscalía, Ejército y Guardia Nacional mantuvieron un cerco en el Palacio de Gobierno municipal, así como el fraccionamiento San Fermín, donde reside del alcalde Raymundo Martínez.
La denuncia
Viridiana Rodríguez, exdirectora del DIF Toluca y exesposa del alcalde, denunció a Raymundo Martínez Carbajal por el secuestro exprés de Emilio «N», su padre.
El 12 de abril, Raymundo Martínez ordenó a policías municipales —sin orden judicial— ingresar y detener a Emilio «N» en su oficina particular. Posteriormente, lo trasladaron a las instalaciones de la Oficialía Calificadora municipal, donde lo mantuvieron privado de la libertad.
Mientras mantenían a Emilio «N» secuestrado, Raymundo Martínez se comunicó con Viridiana Rodríguez para exigirle —mediante amenazas y lenguaje ofensivo— la devolución de documentos de carácter personal, condicionando la libertad de su padre. Debido a las amenazas, Viridiana devolvió los papeles que exigía su exesposo.
La actual investigación se realiza con perspectiva de género por la relación conyugal que mantenían en ese momento Viridiana Rodríguez y Raymundo Martínez Carbajal.
Los involucrados
La Fiscalía mexiquense señala al alcalde Raymundo Martínez Carbajal como el principal involucrado en el delito de secuestro exprés. Sin embargo, también apunta a que hay otros seis implicados en la denuncia, de los cuales no ha revelado sus nombres.
Por su parte, Viridiana Rodríguez señaló a Andrés Vergara Mañón, jefe de Gabinete Municipal, Marian Díaz Solano, directora general del DIF Toluca, al notario Erick Santín, a personal de la Fiscalía mexiquense, de la Fiscalía de Género, de la Fiscalía Anticorrupción, de los Ministerios Públicos, de presentarse en su casa para que les firmara unos desistimientos.
Al momento de llevar a Emilio «N» a la Oficialía Calificadora, el Rodrigo Alonso Aliaga, consejero jurídico, también se encontraba allí recibiendo órdenes de Vergara Mañón.
Andrés Vergara Mañón, jefe de Gabinete Municipal y de Coordinador de Asesores. Tiene un sueldo superior a los 100 mil pesos mensuales.
Marian Díaz Solano, directora general del DIF Toluca, quien hasta el momento se encuentra prófuga. Ostenta un sueldo bruto de 96 mil 498.66 pesos, además de una gratificación de 60 mil 624 pesos, dando un total de 157 mil 122.66 pesos, según lo reportado en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Erick Santín, notario público del Edomex, quien, de acuerdo con la exesposa del alcalde, Viridiana Rodríguez, habría sido parte de la firma del convenio que obligaba a la exdirectora del DIF Toluca a guardar silencio.
Rodrigo Alonso Aliaga, consejero jurídico y vocal de la Comisión Municipal de la Mejora Regulatoria, es quien habría esperado al exsuegro del alcalde en la Oficialía Calificadora el día del presunto secuestro.
Acciones
A pesar de los operativos que se realizaron la noche del viernes, la Fiscalía mexiquense no logró localizar al alcalde Raymundo Martínez Carbajal.
Por ello, solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México la emisión de la «Ficha Roja» correspondiente. Esta notificación roja es una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar. No es una orden de detención internacional.
Asimismo, pidieron al Instituto Nacional de Migración la expedición de una Alerta Migratoria, en caso de que el alcalde intente salir del país.
¿Cuánto podría pasar en prisión?
Al alcalde Raymundo Martínez se le acusa de secuestro exprés en modalidad de extorsión, previsto en la Ley General para prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, por el que podría pasar de 40 a 80 años de prisión.
Sin embargo, podrían agregarle 10 años más por haber entrado al inmueble de Emilio «N» y privarlo de la libertad
¿Quién lo supliría?
La Ley Orgánica Municipal del Estado de México le permite al secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio Sandoval González, asumir el encargo hasta por 15 días.
Sin embargo, si la ausencia excede este plazo y es hasta por 100 días, el cargo lo ocupará un regidor.
La elección de este regidor se realizará por el Cabildo, y tomará posesión por ministerio de ley.
Otros escándalos
Detención de trabajadores que solicitaban sus pagos
Policías municipales detuvieron a extrabajadores que se manifestaron frente a las instalaciones del Palacio Municipal para denunciar despidos injustificados y exigir el pago de sus quincenas y aguinaldo. Los llevaron a la Fiscalía mexiquense y acusaron de obstrucción de las vías de comunicación.
Despido de su exesposa
No pasaron ni 24 horas luego de que privó de la libertad a Emilio «N», cuando —durante la 31ª Sesión Ordinaria de Cabildo— el presidente municipal informó que su esposa, Viridiana Rodríguez, había sido separada del cargo como presidenta honoraria del Sistema DIF Toluca, debido a las irregularidades que se hallaron.
Remodelación de la oficina presidencial
Por si fuera poco, se dio a conocer que finalizaron los trabajos de remodelación de la oficina del alcalde. Leticia Sánchez, décima primera regidora, denunció que esta remodelación tuvo un costo de 1 millón 700 mil pesos. Pero el Ayuntamiento de Toluca determinó mantener la información reservada, a pesar de que se utilizaron recursos públicos.
Violencia contra representante indígena
El más reciente escándalo del alcalde Raymundo Martínez Carbajal es que fue denunciado ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) por violencia política de género. Ante un requerimiento de la representante indígena María Ana González Hermitaño, respondió con frases como «actitud caprichosa y negativa», «abusar», «notoria mala fe», «existencias arbitrarias», «oscuridad de sus caprichos», «se encuentra confundida del cargo que ostenta».
Las y los magistrados determinaron que Martínez Carbajal sí incurrió en violencia política de género contra la representante indígena y ordenaron dar vista a la Contraloría del Poder Legislativo mexiquense. No obstante, el Ayuntamiento de Toluca negó los hechos y anunció que impugnará la resolución.