El Estado de México concentra casi medio millón de personas LGBTI+, pero no tiene ni media política pública que las tome en serio. En Neza, su alcalde —el único abiertamente gay en el cargo— presume una tarjeta de servicios y una casa de asistencia, pero ambas huelen más a propaganda que a justicia social. No hay presupuesto sustancial, ni programas transversales, ni indicadores de impacto. Apenas un gesto colorido en junio y silencio el resto del año. Otros en el poder, de armario transparente, prefieren el inmovilismo antes que el escarnio. La identidad se vuelve escudo electoral, no causa viva. ¿Qué sentido tiene salir del clóset si el poder obliga a volver a él, empolvado y sin agenda?
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El sistema también discrimina
En el Estado de México, más del 37% de las personas LGBTI+ ha sufrido discriminación en el último año. El dato es oficial, pero no escandaliza a nadie. Ni al Congreso, ni al Poder Judicial, ni a los municipios que siguen sin protocolos reales. No hay jueces capacitados, ni policías sensibles, ni ministerios públicos que entiendan que una agresión homofóbica no es una riña. Las leyes existen, sí, pero en los archivos. Los crímenes de odio no se nombran así, y las denuncias se pierden en el pasillo de la burocracia. El sistema no solo omite: también perpetúa. Y lo hace con cortesía institucional, mientras ondea banderas multicolor por compromiso de calendario.
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Diagnóstico reservado
Casi el 50% de las personas LGBTI+ en el Estado de México no acude a servicios públicos de salud. No por capricho, sino por miedo. Miedo a la burla, al desprecio, al sermón disfrazado de receta. Uno de cada cuatro ha tenido pensamientos suicidas. Uno de cada siete, lo ha intentado. Y aun así, no hay una estrategia estatal para atender la salud mental de la diversidad. Ni clínicas inclusivas, ni campañas, ni capacitación real. Pero eso sí: en junio, gobiernos, partidos y marcas se pintan de arcoíris. El cinismo institucional se vuelve espectáculo. Porque si no puedes garantizar derechos, al menos puedes subir una foto en Instagram.
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Un radical menos
Juvenal Vargas era una anomalía en el gabinete: un viejo radical, de historial truculento, que nadie imaginó dentro del organigrama oficial. Su salida de la Dirección de Educación Superior genera, más que sospechas, alivio. Nunca se presentó una acusación formal en su contra, pero su nombre aparecía, inevitable, en casi todos los pasillos del conflicto universitario. Muchos de los actores que tensaron la cuerda en la UAEMEX estuvieron —y siguen— ligados a él. Su renuncia, aunque silenciosa, es un movimiento político claro: la gobernadora y el secretario de Educación comienzan a tomar distancia de los operadores que, con banderas ajenas, extendieron el caos. Es un paso pequeño, pero correcto. Porque mientras ellos maniobraban, cientos de miles de estudiantes seguían sin clase.
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Burocracia inútil
¿Qué hace la Coordinación de Asuntos Internacionales del Estado de México mientras el ICE persigue a nuestros paisanos y estallan disturbios en Los Ángeles? Nada. Absolutamente nada. Hay más de 1.2 millones de mexiquenses en Estados Unidos y ninguno puede decir, con seriedad, que esa oficina les ha servido de algo. Pedir su postura ante las redadas migratorias es como preguntarle a un florero por geopolítica. Su respuesta: que enviemos un cuestionario… y que quizá lo respondan en una semana. Para entonces, medio avión de repatriados ya estará en Toluca. Esa coordinación no coordina. Es una pieza decorativa, sin voz, sin urgencia, sin vergüenza. Bisutería institucional pagada con presupuesto real.
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