La defensa de las finanzas sanas del Estado de México encontró sus límites en las calles deterioradas, los compromisos financieros heredados y las necesidades de atención médica; durante el tercer día de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, presentó un balance de mayores ingresos y reducción de deuda, mientras las bancadas cuestionaron si esos resultados se reflejan en los servicios que recibe la población.
Ante el Congreso mexiquense, el funcionario sostuvo que la administración de Delfina Gómez Álvarez ha fortalecido la recaudación sin crear nuevos impuestos, reducido gradualmente las obligaciones financieras y destinado recursos a infraestructura y programas sociales. Sin embargo, las preguntas de los diputados trasladaron la discusión de los indicadores presupuestarios a los resultados concretos.
Más ingresos, menos deuda
Flores informó que los ingresos totales del sector central se acercaron a 362 mil millones de pesos durante el tercer año de gobierno, alrededor de 46 mil millones más que en el periodo de referencia. Entre los rubros que destacó estuvieron los 21 mil 541 millones de pesos recaudados por el impuesto sobre nómina y cerca de 12 mil millones por tenencia vehicular.
El secretario atribuyó el crecimiento a mejoras administrativas, facilidades de pago y estímulos fiscales. Reportó 28 programas de incentivos que, afirmó, representaron ahorros cercanos a 9 mil millones de pesos para empresas y familias.
La estrategia, explicó, consiste en aumentar los ingresos propios sin elevar la carga tributaria, también defendió la política de endeudamiento: aseguró que el gobierno no ha contratado nuevos créditos durante sus primeros tres años y que ha reducido alrededor de 2 mil 500 millones de pesos del saldo heredado.
La meta es alcanzar una reducción de 3 mil millones al cierre de 2026 y de aproximadamente 10 mil millones al final de la administración. Además, se estudia un refinanciamiento para mejorar las condiciones de pago y disminuir los costos financieros.
Pero el reconocimiento a la disciplina financiera no estuvo exento de cuestionamientos. La legisladora Araceli Casasola advirtió que la entidad todavía depende en más del 70 por ciento de los ingresos federales y señaló que fortalecer la autonomía financiera debe ser una prioridad.
“Nos falta un tema muy importante, la autonomía financiera”, expresó, antes de describir a la Secretaría de Finanzas como la “columna vertebral” del gobierno estatal.
Su intervención tomó un giro hacia las necesidades de salud, relató que pacientes que requieren hemodiálisis en Ixtapaluca se quedaron sin las máquinas que utilizaban para recibir tratamiento y cuestionó que la respuesta institucional remitiera el problema al gobierno federal.
La diputada pidió valorar una intervención con recursos estatales para atender la urgencia, el reclamo puso sobre la mesa una de las tensiones de la comparecencia: la capacidad de respuesta del gobierno frente a problemas concretos, incluso cuando las responsabilidades se comparten entre distintos niveles de autoridad.
Los baches frente al presupuesto
El presupuesto estatal para 2026 asciende a aproximadamente 410 mil millones de pesos, de los cuales cerca de 20 mil millones se destinaron a obra pública, Flores también destacó alrededor de 6 mil millones para el mejoramiento de vialidades, incluidos 300 millones para bacheo en frío.
Las cifras no cerraron la discusión sobre el deterioro de calles y carreteras pues los legisladores pidieron conocer cuánto se ha ejercido y qué resultados se han alcanzado frente a las necesidades de infraestructura.
El contraste quedó expuesto: mientras Finanzas defendió los recursos asignados, los cuestionamientos apuntaron a las condiciones que persisten en las vialidades. La asignación presupuestaria debe acompañarse de resultados comprobables, fue el fondo del reclamo.
Los contratos de prestación de servicios (PPS) y las asociaciones público-privadas (APP) abrieron otro frente, el Estado mantiene siete proyectos bajo estos esquemas, seis PPS y una APP, con compromisos globales cercanos a 51 mil millones de pesos.
Flores reconoció que una terminación anticipada podría generar costos perjudiciales para la hacienda pública, por ello, explicó que se revisan las condiciones contractuales y se negocia con las empresas para encontrar alternativas que reduzcan la carga financiera.
El diputado del PT Óscar González Yáñez cuestionó que el gobierno siga sujeto a compromisos que considera desfavorables para el Estado y pidió explorar alternativas jurídicas para enfrentarlos, preguntó cómo se sostendrán los programas sociales si se mantiene la decisión de no aumentar impuestos ni contratar nueva deuda.
La respuesta de Finanzas se centró en la negociación, no en una rescisión inmediata, el desafío será mejorar las condiciones de los contratos sin generar obligaciones adicionales para la entidad.
Plan Oriente y fideicomisos bajo revisión
El desarrollo regional también llegó al debate con Martín Cepeda Hernández, de Movimiento Ciudadano, quien pidió conocer los avances del Plan Oriente y sus beneficios para los diez municipios incluidos en el programa, el legislador destacó el peso demográfico y económico de la región y reclamó que cada peso se utilice en favor de sus habitantes.
Flores informó que la inversión prevista para el Plan Oriente pasó de 77 mil millones a alrededor de 110 mil millones de pesos, con participación federal, estatal y municipal, reportó un avance físico cercano a 47 por ciento respecto del planteamiento original.
El diputado pidió mayor claridad sobre los resultados y el impacto territorial, el aumento de la inversión anunciada dejó pendiente conocer cómo se integra la ampliación y qué obras y servicios se han completado en los municipios beneficiados.
La revisión de fideicomisos abrió otra discusión sobre la disponibilidad de recursos, el secretario de finanzas señaló que se analizan alrededor de 52 instrumentos, con recursos cercanos a 41 mil millones de pesos, y que hasta 19 podrían extinguirse después de revisar sus objetivos, obligaciones y remanentes.
La posibilidad de recuperar recursos planteó nuevas preguntas sobre su destino y los mecanismos de transparencia que acompañarán el proceso. Antes de extinguir los fideicomisos, el gobierno deberá determinar qué compromisos siguen vigentes y cuánto dinero puede reorientarse.
Al concluir la comparecencia, Flores mantuvo como ejes de su defensa el aumento de los ingresos, la reducción de la deuda y la inversión pública. Las bancadas, en cambio, insistieron en que la estabilidad financiera debe demostrar sus resultados en las vialidades, los servicios médicos y las obras que esperan los municipios.
La discusión dejó una pregunta de fondo para las finanzas mexiquenses: no basta con recaudar más y reducir obligaciones; también hay que demostrar qué cambia con ese dinero en la vida cotidiana de la población.
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