La administración de Nancy Nápoles Pacheco sigue acumulando irregularidades, pues este jueves se dio a conocer el resultado de las dos auditorías que llevó a cabo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), la segunda de ellas por encontrar inconsistencias en la cuenta pública de 2025; revelando que más del 80 por ciento de lo auditado presentó irregularidades, es decir, 14.7 mdp, por lo que ahora tocará a la presente administración aclarar las observaciones.
Los resultados entregados este 12 de noviembre al Congreso mexiquense exhiben, de acuerdo al informe, deficiencias en los procedimientos de contratación, documentos faltantes de proveedores y adquisiciones cuya recepción no pudo acreditarse conforme a las condiciones pactadas. Las observaciones permanecieron incluso después de que el Ayuntamiento presentó información adicional para intentar solventarlas.
La revisión comprendió inicialmente 37 procedimientos, aunque siete fueron excluidos por corresponder a recursos federales y tres porque habían sido cancelados. Finalmente, el OSFEM examinó 27 contratos financiados con ingresos propios o recursos estatales, por 18 millones 196 mil 662 pesos, equivalentes al 36.4 % del universo susceptible de revisión.
Los 14.79 millones representan el valor de los contratos con deficiencias documentales, no una cantidad que el organismo haya determinado como dinero desviado o daño patrimonial.
Contratos sin comprobar la entrega de bienes y servicios
Entre las operaciones cuestionadas aparecen cinco contratos adjudicados por invitación restringida, cuyo valor conjunto asciende a 8 millones 103 mil 600 pesos; al respecto se señala que sus expedientes no contenían documentación suficiente para acreditar que los productos adquiridos fueron recibidos o que los servicios contratados se prestaron conforme a lo establecido.
Los contratos corresponden a montos de 1.74 millones, 1.63 millones, 1.50 millones, 1.48 millones y otro por 1.74 millones de pesos. En los siete procedimientos realizados mediante esta modalidad también faltaron estudios de mercado, actas de evaluación de propuestas técnicas y económicas, así como constancias fiscales de los proveedores.
Las observaciones alcanzaron otras 17 adjudicaciones directas por aproximadamente 6.69 millones de pesos, en las que tampoco se presentó evidencia suficiente sobre el cumplimiento de las entregas y los servicios pagados.
La contratación directa permite adquirir bienes o servicios sin desarrollar una licitación pública abierta, pero requiere expedientes que justifiquen la elección del proveedor, acrediten el cumplimiento de sus obligaciones y documenten la recepción de lo contratado.
El Ayuntamiento tampoco registró su Programa Anual de Adquisiciones en COMPRAMEX y carecía de un manual de operación para su Comité de Adquisiciones y Servicios, dos omisiones que el OSFEM incorporó a sus resultados.
Tenancingo presentó aclaraciones, pero no fueron suficientes
La auditoría de legalidad concluyó con cuatro resultados finales, diez recomendaciones y dos pliegos de observación, después de que el organismo examinó la información presentada por la administración municipal mediante el oficio PMT058/PM/203/2026. El OSFEM determinó que las aclaraciones no solventaron los resultados preliminares y concluyó que Tenancingo incumplió las disposiciones legales y administrativas relacionadas con la contratación pública durante 2025.
Como AD Noticias lo había informado, una segunda auditoría, la de cumplimiento financiero, fue incorporada en septiembre para revisar el manejo de ingresos, egresos y registros presupuestales del municipio; esta revisión comprendió una muestra de 310.7 millones de pesos del presupuesto de egresos y la totalidad de los 491.6 millones de pesos reportados como ingresos recaudados.
Los 37 resultados contenidos en ese informe incluyen observaciones sobre pagos a personal sin acreditar su relación laboral, plazas no autorizadas, remuneraciones superiores al tabulador y aguinaldos cuya procedencia no fue justificada documentalmente.
También se identificaron posibles fraccionamientos de adquisiciones para evitar procedimientos de licitación, deficiencias en la comprobación de servicios y problemas en la documentación técnica de obras públicas. Estos resultados deberán continuar su procedimiento de aclaración antes de que se determine cuáles permanecen sin solventarse.
¿Qué consecuencias pueden tener?
Si las observaciones no son solventadas durante las etapas legales correspondientes, el OSFEM puede dar seguimiento a las irregularidades y, cuando proceda, promover investigaciones de responsabilidad administrativa.
Si se acredita un daño al patrimonio municipal, podrían iniciarse los procedimientos legales correspondientes para determinar responsabilidades y buscar la recuperación de recursos.
Las auditorías y el presunto desfalco de 40 millones
Las irregularidades detectadas en el primer año de gobierno de Nancy Nápoles se dan a conocer mientras continúa la investigación por su presunto autosecuestro, caso surgido en mayo y relacionado con señalamientos sobre un posible faltante de 40 millones de pesos de las finanzas municipales.
La alcaldesa ha rechazado esas acusaciones y sostiene que fue víctima de un secuestro y hasta ahora, las auditorías del OSFEM no establecen que los contratos observados correspondan a los recursos presuntamente desaparecidos ni acreditan el desfalco señalado en la investigación penal.
Aunque los procedimientos judiciales y administrativos siguen caminos distintos, los resultados de fiscalización abren nuevas preguntas sobre el manejo del presupuesto municipal, particularmente por los pagos cuya comprobación resultó insuficiente y las irregularidades detectadas en la nómina y las contrataciones.
La revisión continuará con el proceso de aclaraciones y la eventual determinación de responsabilidades; mientras tanto, permanece pendiente conocer qué empresas recibieron los 14.79 millones de pesos correspondientes a los contratos cuestionados y qué documentación puede acreditar que los bienes y servicios fueron efectivamente entregados.
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