La agrupación gremial «100 Periodistas por el Estado de México» lanzó un llamado urgente a las autoridades estatales para detener la criminalización de la prensa en Tenancingo, luego de que la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco demandara penalmente a cuatro comunicadores locales exigiéndoles el pago de medio millón de pesos como supuesta reparación del daño.
La petición de auxilio institucional ocurre en medio de un clima de tensión dentro del municipio sureño, donde los informadores acusan un intento directo y sistemático por silenciar las investigaciones que exponen las deficiencias de la actual administración gubernamental.
Irregularidades y un secuestro
La causa principal de esta denuncia interpuesta por la presidenta municipal obedece a las constantes investigaciones periodísticas difundidas en el espacio informativo denominado «La Madeja Política de Tenancingo», donde los reporteros han documentado con solicitudes de transparencia presuntas irregularidades operativas en la distribución de agua potable, fallas en el alumbrado público, sobrecostos en obras y posibles casos de nepotismo al interior del ayuntamiento.
A través de la carpeta de investigación 275/2026 iniciada ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia de Metepec, la edil acusó en calidad de ciudadana a los comunicadores Ángel Ávila, Alejandro López, Ramón Castañeda y Arturo Escobar por supuesta violencia digital y daño psicológico, argumentando que el trabajo periodístico la revictimiza constantemente al recordar el presunto secuestro del que fue víctima recientemente.
Busca recibir 500 mil pesos por demandas
Como efecto directo de esta querella legal, elementos de la policía municipal acudieron el pasado 2 de junio a entregar los citatorios correspondientes a los periodistas, notificándoles la exigencia económica de 125 mil pesos por cada uno para resarcir las supuestas afectaciones a su reputación personal y frenar las críticas hacia su gobierno.
De acuerdo con los demandados, el inusual despliegue de elementos de seguridad pública municipal para notificar asuntos de índole estrictamente personal evidencia una difusa línea de separación entre el aparato de gobierno y los intereses privados de los servidores, mostrando empíricamente cómo las figuras de autoridad pueden emplear toda la estructura coercitiva del Estado para presionar de manera económica y psicológica a los ciudadanos que vigilan su actuar cotidiano.
Piden no silenciar voces periodísticas
Ante este escenario de hostigamiento institucional, la organización periodística solicitó la intervención inmediata de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de los integrantes del Congreso local para garantizar el ejercicio pleno de la prensa en la región sur de la entidad mexiquense.
Durante las próximas semanas estará en juego el desarrollo de las comparecencias ministeriales para desahogar las pruebas de ambas partes, mientras el sistema de justicia determinará mediante sus resoluciones si prevalece el interés público de la información sobre el desempeño gubernamental o la protección a la imagen privada de la funcionaria que busca inhibir la participación ciudadana en las redes sociales.
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