Amnistía Internacional ha pedido al presidente Enrique Peña Nieto que vete la Ley de Seguridad Interior, aprobada en “fast track” el pasado viernes y turnada ese mismo día al titular del Ejecutivo de México, para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En contra de la legislación que regula el actuar de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública se pronunció Salil Shetty, secretario general del Movimiento Derechos Humanos Amnistía Internacional, quien indicó que, a través de una carta dirigida al presidente Peña, en el primer año del mandato del priista le advirtió de la crisis de derechos humanos que enfrentaba México por el desempeño de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública.
“Amnistía Internacional ha hecho un pormenorizado análisis de la ley y ha constatado que es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional… Nos preocupa enormemente que su implementación, sin duda alguna, no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.
En la misiva Shetty argumentó que la ley, en caso de ser promulgada, representaría un peligro para los ciudadanos, pues da pauta a que las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos de las personas, y debilitaría la autonomía de los órganos públicos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues la legislación obliga a esas instituciones a proporcional información sin control judicial a los militares.
Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados y autor de la iniciativa de ley, César Camacho Quiroz, se pronunció a favor de la Ley de Seguridad Interior, y, contrario al posicionamiento de la CNDH, indicó que la ley da certeza a las Fuerzas Armadas para ejercer labores de seguridad pública, y que se respetan los derechos humanos de los mexicanos.
“Es una ley correcta, es una ley que da certeza a las Fuerzas Armadas y que, una vez que entre en vigor, podrá ser sometida a los análisis jurídicos a que haya lugar… Por lo tanto, es una ley viable que ofrece certeza jurídica al Ejército mexicano, a la Armada de México y a la Policía Federal en sus acciones de seguridad pública”.
Por su parte, el analista Adrián Ortiz Romero Cuevas ha indicado que es probable que el Ejecutivo desestime las recomendaciones de la ONU, de Amnistía Internacional y de la CNDH respecto al veto de la ley, porque esta legislación fue impulsada desde la presidencia y el PRI invirtió mucho capital político para la formulación y aprobación de la legislación.
En consecuencia, indica que, de ser aprobada por el Ejecutivo, habría sólo dos recursos para revertir la legislación por vías constitucionales: la Controversia de Constitucional, a través de la cual los gobiernos estatales y municipales someterían a revisión la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y la Acción de Inconstitucionalidad, mediante la cual una minoría legislativa sometería a revisión la legislación aprobada por transgredir los límites de acción de alguno de los órdenes de los gobiernos sobre el campo de acción del otro, a partir de los limites de competencia marcados en la Constitución.