Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y pobladores de San Salvador Atenco que estuvieron presos luego de los hechos violentos con las fuerzas federales y estatales el 3 y 4 de mayo de 2006, fueron citados a comparecer en contra de los ocho policías estatales y los 11 médicos legistas que están recluidos desde el pasado mes de octubre, acusados de tortura y encubrimiento, respectivamente, y que participaron en dichos operativos.
De acuerdo con información del portal de noticias Quadratín, ante estas peticiones, los integrantes del FPDT consideraron que si bien los policías y médicos legistas que están detenidos tienen que ser juzgados, su objetivo es que sean castigados los autores intelectuales que ordenaron la represión de mayo de 2006, entre ellos el ex presidente Vicente Fox y el ex comisionado de la entonces Agencia de Seguridad Estatal (ASE), Wilfrido Robledo y el ex secretario general del gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño.
“Tienen que ser juzgados esos policías y ministerios y llevar un proceso, pero no aceptamos esa parte porque no es tan solo el castigo a los policías, sino a los responsables intelectuales se les tiene que juzgar también. Es claro que a los policías les ordenaron sus superiores la represión, y nos interesa que los mandos medios y altos sean castigados”, dijo Ignacio del Valle Medina, dirigente del FPDT.
Reconoció que varios de sus compañeros han estado siendo llamados a testificar, desde el pasado 22 de octubre, la PGJEM informó que un juzgado penal de Toluca, con sede en el centro preventivo de Santiaguito, dictó auto de formal prisión por el delito de tortura, derivado de la causa penal 55/20013, a ocho policías estatales entre ellos Noé José Hernández Bautista, Jorge Hernández Mejía, José Antonio Olvera Lozada, Julio César Velasco Elizalde, Mario Barriga Avilés y Olivia Méndez Martínez, quienes torturaron a los detenidos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
El mismo juez, en la causa penal 166/2014, dictó auto de formal prisión a los médicos legistas Noé Domínguez Moreno, Olimpia Gómez Sandoval, Blas Reyes Sánchez, Gabriel Olmos Arroyo, María del Carmen Iglesias Aguilar, Fidel Robledo López, Rosa Cecilia Ramón Juárez, Óscar Benito Martínez Martínez, José Armando Solache Ramírez, Patricia Eugenia Martínez Torrijos y Bernabé Pérez Soto, además del agente del Ministerio Público Agustín Hinojosa Martínez, por el delito de encubrimiento, pues omitieron reportar las lesiones causadas por los policías.
Durante la toma y represión de mayo de 2006 fueron detenidos más de 200 pobladores e integrantes del FPDT y perpetraron abusos sexuales contra las mujeres, además del asesinato del estudiante Alexis Benhumea.
Los integrantes del FPDT que han sido citados señalaron que los culpables deben de pagar, pero lamentaron que a ocho años de los actos represivos, al citarlos en los tribunales les hacen revivir el horror, tanto de la detención como de estar encarcelados, sin embargo consideraron necesario acabar con la impunidad y que paguen quienes son culpables.
Denunciaron que a ocho años de los trágicos sucesos, el gobierno sigue criminalizando la lucha social, los siguen tratando como delincuentes, como ocurrió la madrugada del sábado, en donde policías municipales de Tezoyuca los detuvieron por reclamar en una gasolinera que les cobraran lo justo, aunque después las mismas autoridades ministeriales señalaron que no había delito qué perseguir, por lo que los tuvieron que dejar en libertad.