En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, el abogado Paulo Díez Gargari solicitó al mandatario aclarar la postura del Ejecutivo respecto a una supuesta validación de una concesión otorgada al Estado de México, mediante la cual se legalizaría la explotación y operación económica del segundo piso del Viaducto Bicentenario a favor de la empresa Aleatica (antes OHL).
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En la misiva, enviada por correo electrónico a la oficina presidencial y que será entregada de forma física el día lunes, se explica que el pasado 27 de octubre, a través del Diario Oficial de la Federación, Jorge Arganis Díaz Leal, actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dio a conocer la firma de un Convenio de Colaboración y Coordinación de Acciones celebrado entre la SCT y el Estado de México.
Díez Gargari advierte que con dicho convenio se reconocería la validez y legalidad de la «falsa concesión» otorgada hace 12 años por Enrique Peña Nieto para favorecer a intereses privados de la empresa Aleatica. “Esta concesión es un acto inconstitucional que no puede ser ratificado, confirmado ni convalidado por nadie en el país”, señaló el abogado.
El problema, según expresó el remitente de la carta dirigida al mandatario federal, es que Arganis Díaz señaló que la firma del convenio fue suscrito por acuerdo del presidente, razón por la que se pide a AMLO aclarar y confirmar su postura.
Este supuesto acuerdo entre la SCT y el gobierno del Estado de México ha sido llamado por el abogado como “el Convenio de la Vergüenza”, ya que través del mismo se pretende mantener los “beneficios indebidos a Aleatica en perjuicio de los mexicanos”, con el cobro de peaje desde Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpan hasta la caseta en Tepotzotlán, Estado de México.
Desde el inicio, la supuesta concesión debió ser autorizada por el gobierno federal y no por el Estado de México, ya que la obra fue construida sobre una vía de carácter federal.