El Contralor de la Legislatura del Estado de México, Victorino Barrios pidió que el titular del ayuntamiento de Almoloya de Juárez y funcionarios de Desarrollo Urbano, Obras Públicas sean sancionados por permitir la construcción, sin licencia, de la casa en la que desembocó el túnel por el que presuntamente huyó Joaquín Guzmán Loera.
Victorino Barrios, señaló que en la fuga del capo puede existir responsabilidad de las autoridades auxiliares, los titulares de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y/o Licencias, y del propio presidente municipal, Vicente Estrada Iniestra.
Agregó que el edil es el responsable de todo lo que ocurre en el municipio que gobierna, y al menos las autoridades auxiliares lo informaron.
“Puede ser que tenga mucho trabajo (el alcalde) para darse cuenta de que una nueva construcción está apareciendo, pero no puedes dejar de estar atento a lo que pasa en tu territorio”, dijo al diario Tres PM.
Por tanto, expuso, “es una omisión de parte de quien tiene la responsabilidad de ver lo que ocurre en su territorio”.
La omisión, destacó, puede ocurrir o porque se tiene algún interés en dejar pasar la ilegalidad, o por desconocimiento, pero en ninguno de los dos casos cabe la excusa.
“Es inconcebible que se arguya que no tenía licencia de construcción, eso es un abuso de autoridad y puede ser corrupción porque haces como que no lo ves, pero está pasando. Es difícil creer que no lo sabías, porque conoces tu territorio, y cómo no lo vas a recorrer ahora, si cuando estabas pidiendo el voto lo recorriste”, dijo.
Barrios Dávalos indicó que en el 75 por ciento de las irregularidades administrativas cometidas por los ayuntamientos, los servidores públicos saben que están violando la norma, mientras el resto de los casos ocurre por ignorancia o exceso de confianza.
De confirmarse responsabilidad en la omisión, expuso, la ley establece la posibilidad de sancionar a los involucrados con una amonestación, sanción económica, destitución, o inhabilitación temporal y hasta por 20 años para ocupar cargos públicos, dependiendo de la gravedad de la falta.
No obstante, aclaró que la Contraloría parlamentaria no puede actuar de oficio, sino requiere una denuncia que hasta ahora no existe.
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