Debido a irregularidades en la presentación de la carpeta de investigación, un juez radicado en los penales de Barrientos, en Tlalnepantla, suspendió la audiencia en la que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pretendía realizar una imputación contra el abogado Paulo Díez, quien en los últimos años ha señalado corrupción en la construcción y operación del Viaducto Bicentenario.
Te recomendamos: Persecución, el destino de los activistas mexiquenses: caso Paulo Díez
Este martes se llevó a cabo una audiencia en la que la Fiscalía realizaría la imputación de un delito, el cual estaría relacionado con una manifestación del 30 de septiembre de 2020 realizada en el Viaducto antes mencionado, en la que participó Díez y un grupo de ciudadanos. En ese momento se llevó a cabo una toma simbólica del Viaducto Elevado Bicentenario pidiendo que el gobierno federal revoque la concesión a la empresa que actualmente lo opera.
Días antes, el ministerio público reservó la información de la carpeta de investigación sin permitir el acceso a la parte acusada. Fue minutos después de haber iniciado la audiencia cuando al imputado y sus abogados se les hizo entrega de una parte de la carpeta de investigación.
En esta breve sesión, la defensa acusó una serie de irregularidades cometidas por la Fiscalía, como la cancelación imprevista de audiencias pasadas, y la negativa a que el acusado conozca sobre las acusaciones en su contra.
Por su parte, la Fiscalía aceptó que no había entregado la carpeta porque aún no estaba lista; defendió que se cumplían con los requisitos para llevar a cabo la audiencia de imputación del delito y la posible vinculación a proceso.
Tras recibir una copia de la carpeta de investigación, la defensa dijo al juez que la Fiscalía deshizo el expediente y lo entregó incompleto. Por su parte, la Fiscalía argumentó que entre los archivos se colaron documentos “personales” que no estaban relacionados con el caso, los cuales tuvo que retirar y desprender del expediente.
Finalmente, el juez pospuso la audiencia para el próximo 4 de noviembre para que la Fiscalía entregue una versión íntegra de la carpeta. Se espera que en esta nueva audiencia la Fiscalía formule la acusación en contra de su acusado por un posible ataque a las vías de comunicación, y que el juez decida o no vincular a proceso.
Esta no es la primera vez que Díez y la Fiscalía se encuentran en una sala de un juzgado penal.
En 2015, un ministerio público acusó al abogado por el delito de portación ilegal de armas, el proceso finalmente no prosperó a favor de la entonces Procuraduría. Por este hecho, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU se pronunció, y consideró como “arbitraria” la privación de la libertad del abogado de Infraiber.
En 2018, el diario Reforma informó que después de tres años, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) archivó la investigación iniciada contra los directivos de Infraiber, incluido Díez, por el supuesto espionaje telefónico y extorsión a ejecutivos de OHL-México, al concluir que no había pruebas de delito en su contra.
Un año antes, el mismo medio informó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condenó al ex presidente de OHL México, a pagar una indemnización por daño moral al abogado.
En los últimos años, el abogado ha denunciado presuntos actos de corrupción en la operación del segundo piso de Periférico, en el tramo que corre sobre el Estado de México, de Toreo a Tepotzotlán, que actualmente tiene a cargo de Aleatica (antes OHL) el cobro de peaje en el tramo mexiquense.
Para entender mejor: Viaducto Bicentenario en el Edomex debe ser recuperado, entrevista con Paulo Díez
Esto, aunado a las irregularidades detectadas en los permisos para la construcción, otorgados desde el gobierno peñista, y hasta la fecha.