El caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortíz, detenidos de manera «provisional» durante más de 17 años en el Estado de México, fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), así lo dio a conocer este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A través de un comunicado, la CIDH señaló que el pasado el 6 de mayo de 2021 presentó este caso ante la Corte, al tratarse de hechos violatorios a los derechos humanos. Autoridades judiciales ejercieron torturas, violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de los dos hombres acusados de homicidio desde hace más de una década. Uno de ellos, García Rodríguez actualmente es candidato por la presidencia municipal de Atizapán.
Ambas víctimas fueron detenidas sin que se les presentara una orden judicial previa y sin cumplir con las condiciones establecidas en el Código de Procedimientos Penales. García y Reyes solo conocieron formalmente las razones de su detención y los cargos en su contra hasta que fueron puestos a disposición de un juez.
Lo anterior ocurrió 45 y 34 días luego de su privación de libertad; durante esos días estuvieron detenidos bajo arraigo, según se documenta en el Informe de Fondo de la Comisión.
La CIDH estableció que este arraigo constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar, y por lo tanto una privación de la libertad arbitraria y violatoria del principio de presunción de inocencia. Después, los 17 años que estuvieron presos, resultó una medida arbitraria.
El Informe que fue presentado ante la Corte, señala que las personas detenidas fueron obligadas a auto inculparse, además de que se violaron sus derechos durante la detención y el proceso de la privación de libertad.
Este viernes, la Comisión dio a conocer que en su Informe de Fondo recomendó al Estado mexicano a reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas, tanto en el aspecto material como inmaterial. «El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción y medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas del presente caso, de manera concertada con ellos».
Pese a estas conclusiones, García y Reyes aún enfrentan el proceso en su contra, por supuestamente haber participado en el homicidio de una regidora de Atizapán, ocurrido en el año 2001.