Toluca, Méx.- Javier Salinas Narváez diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), informó que la primera iniciativa que promoverá durante el periodo ordinario de sesiones que comienza este miércoles, implica la derogación del fuero constitucional para los servidores públicos que en la actualidad gozan de él.
La razón de ello – señaló – es porque se ha convertido en escudo de impunidad y la sociedad se ha visto vulnerada pues dicha figura impide que los funcionarios sean procesados penalmente por los ilícitos cometidos durante el ejercicio de su encargo
La sociedad mexiquense critica la existencia del fuero, ya que la inviolabilidad constitucional se ha transformado en escudo protector para políticos, ex gobernadores, ex secretarios de Estado y ex ministros que buscan convertirse en legisladores para evitar ser procesados por diversos delitos cometidos durante anteriores encargos y en el ejercicio del mismo, aseguró.
Consideró que si se elimina esta figura, se dará más confianza a los ciudadanos y recordó que el pasado 13 de junio se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el Decreto Número 882 que eliminó el fuero constitucional del gobernador y demás servidores públicos del Poder Ejecutivo, mientras que en Jalisco se procedió en circunstancia similar, el 14 de julio, su eliminación en lo cual se incluye a funcionarios de estado, incluidos el gobernador, los legisladores y el fiscal general, mientras entidades como San Luis Potosí se encuentran en proceso de discusión.
En dicho contexto, dijo que si el Estado de México se ufana en aprobar leyes vanguardistas, no puede rezagarse en la discusión, “por lo que proponemos eliminar esta figura de nuestra carta constitucional para que los servidores públicos podamos ser procesados por cualquier tipo de delito, aún durante el ejercicio de nuestros cargos públicos, como cualquier otro ciudadano mexiquense, sin que exista ningún procedimiento previo que bloquee o retrase la acción de la justicia”.
El legislador indicó que la propuesta plantea que el artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México disponga que “no habrá fuero ni inmunidad de ninguna clase para ningún servidor público”, mientras que el 131, también de la Carta Magna de la entidad, establecerá que “el Gobernador, los diputados de la Legislatura del Estado, los magistrados y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo y el Fiscal General, y los integrantes de los órganos superiores de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, son responsables de los delitos que cometan durante su encargo en el ejercicio de sus funciones”.
Además se plantea que el artículo 132 Constitucional determine que “los servidores públicos sujetos a procedimiento penal deberán enfrentar éste en libertad o bajo reclusión, según dispongan los códigos respectivos y, si con motivo de tales procedimientos resultan impedidos para prestar el servicio público para el cual fueron electos o designados, deberán entrar en funciones sus suplentes, si fuera el caso, o bien los mecanismos de suplencia, remoción y sustitución en términos del procedimiento que al efecto determine la ley respectiva”.
Mientras que el artículo 42, párrafo segundo, establecerá que “los presidentes de la Legislatura y de la Diputación Permanente velarán por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar” – ya no, además, por el fuero de los diputados -.
Salinas Narváez precisó también que se propone modificar la Fracción III del artículo 1º. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios a efecto de que dichos servidores públicos sean sujetos a responsabilidades y sanciones de naturaleza administrativa, disciplinarias y resarcitorias; y derogar la Fracción V de la misma disposición, y los artículos 5 al 40.
Por último llamó a su coordinador parlamentario, Juan Zepeda, y a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, a dejar de lado diferendos políticos y personales para priorizar el interés supremo de la población en el análisis, dictamen y sometimiento de las iniciativas de los diputados ante el pleno.
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