Crear las Unidades Municipales de Control y Bienestar Animal e incrementar hasta a cuatro años de prisión las penas por maltrato animal propuso al Pleno de la 60 Legislatura la diputada María Elizabeth Millán García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.
La diputada proponente puntualizó que su iniciativa busca promover la implementación de políticas públicas que generen buenas prácticas en cuanto al control animal a través de la esterilización, educación y cultura de la convivencia responsable de los animales de compañía.
La legisladora explicó que los municipios no tendrán que contar con un inmueble para ello, sino disponer de recursos humanos y materiales para campañas de esterilización móviles y un diseño epidemiológico para que, en un plazo corto a mediano, se contenga el crecimiento descontrolado de animales y disminuyan los problemas derivados de su sobrepoblación y abandono.
La iniciativa plantea la creación de un Consejo Municipal de Control y Bienestar Animal, con el fin de que cada ayuntamiento, aun los que no cuenten con un Centro de Control Canino, participen en el control poblacional de animales.
Esta participación será a través de la esterilización quirúrgica tanto a los animales de compañía como a los que se encuentran en situación de calle, a los abandonados, a los utilizados en eventos deportivos, a los que sirven de guía para personas con discapacidad, a los usados para animaloterapia, los de exhibición y espectáculos, los perros y gatos, los de producción y abasto, los de rastros municipales y a los de monta, carga y tiro.
Lo anterior, puntualiza la iniciativa, sin que los animales tengan que ser retenidos o muertos injustificadamente en manos de servidores públicos, pues se pretende erradicar la crueldad animal en las instituciones públicas, prácticas que, dijo, se llevan a cabo de manera clandestina en algunos municipios.
¿Cuáles son las sanciones?
Actualmente las sanciones por maltrato animal van de seis meses a dos años de prisión y multa de 50 a 150 días de salario mínimo general, en tanto que la penalidad para quien cause la muerte no inmediata de un animal, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, es de seis meses a tres años de prisión y multa de 200 días de salario mínimo.
Para el caso de maltrato animal, la propuesta de la legisladora plantea que las penas vayan de dos a cuatro años de prisión, además de que también se considere como agravante el que el acto de maltrato sea fotografiado; para el caso de la muerte no inmediata de un animal se propone que vaya de dos a cuatro años de prisión y de 200 a 400 días de multa.