Toluca, México; 26 de diciembre de 2019. La diputada Azucena Cisneros Coss propuso eliminar el fuero constitucional a servidores públicos del Estado de México, entre ellos, funcionarios estatales, magistrados, diputados y presidentes municipales: “Es un clamor ciudadano que sea eliminado el llamado `fuero constitucional´ del que gozan servidores públicos, para que puedan ser procesados como cualquier ciudadano, cuando falten a sus responsabilidades del cargo”.
Es importante mencionar que el fuero constitucional es un privilegio del que gozan el presidente de México, diputados, senadores y magistrados que impide puedan ser procesados penalmente, aun cuando al funcionario público se le compruebe que cometió un delito.
Dicha figura jurídica ya fue eliminada en 14 de los 32 estados que integran la república mexicana: Colima, Campeche, la Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit, Nuevo león, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.
A nombre de la bancada de Morena, la legisladora puntualizó que con esta iniciativa se pretende que todos los funcionarios públicos sean juzgados como cualquier ciudadano: “terminar con los excesos y el abuso del poder, evitar la impunidad al amparo de un cargo público, situando a todos los funcionarios públicos, desde el gobernador hasta los presidentes municipales”.
A decir de Cisneros Coss, la propuesta prevé conservar la inmunidad, “debido a que ésta es condición del normal y libre funcionamiento de los poderes públicos”, sin embargo, dijo, ésta exoneración no imposibilita que se lleve a cabo la averiguación previa correspondiente y el ejercicio de la acción penal en contra de los funcionarios.
Servidores públicos que están bajo fuero constitucional podrían enfrentar los procesos penales en libertad y, una vez que un juez dicte la sentencia, se le notificará a la Cámara de Diputados la pérdida de la inmunidad y, en dado caso, se les removerá de su cargo.
Para que el gobernador también pueda ser juzgado durante su administración, el retiro de la inmunidad debe ser aprobado por los 75 diputados que integran la legislatura en funciones en un plazo no mayor a 10 días hábiles.