María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del grupo parlamentario del PVEM en el Estado de México, propuso penas de 15 a 30 años de prisión y tratamiento de inhibición sexual, conocido como castración química a quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin su voluntad.
De acuerdo con comunicado emitido por la legislatura, la iniciativa de reforma al Código Penal estatal también establece que si en la violación participan dos o más personas las penas serán de entre 50 a 70 años de prisión y si es cometida por uno de los cónyuges, por un ascendiente contra su descendiente, o viceversa, por un hermano contra otro, por el tutor en contra de su pupilo o por el padrastro, madrastra, concubina, concubinario, amasio o amasia en contra del hijastro o hijastra, las penas podrían ir de 20 a 45 años de prisión, así como el tratamiento químico y la pérdida de la patria potestad o la tutela.
Además, cuando la violación sea cometida por quien desempeña un empleo, cargo o comisión públicos o ejerza una profesión, utilizando vehículos oficiales, circunstancias o cualquier medio que éstos le proporcionen, las penas serán de entre 22.5 a 45 años, el tratamiento químico y será destituido del cargo o empleo o suspendido hasta 15 años en el ejercicio de su profesión.
También pide penas de 50 a 70 años de prisión si en la violación se causa la muerte de la víctima; de 30 a 50 años o prisión vitalicia y el tratamiento de inhibición sexual si la víctima es menor de 15 años o mayor de 60 años la pena; si la víctima tiene discapacidad de 30 a 50 años y el tratamiento, o si se comete por quienes tengan o hayan tenido relación con la víctima por motivos laborales, docentes, médicos, domésticos, religiosos o cualquier otro que implique confianza o subordinación aplicarán de 22.5 a 45 años y el tratamiento.
La legisladora dijo que su iniciativa, que analizarán las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Salud, Asistencia y Bienestar Social, es en razón de que el Estado de México se ubica como una de las entidades con más delitos sexuales, con tres mil 954, en 2019, y porque las sanciones actualmente establecidas, como la pena privativa de la libertad y pecuniaria, así como sus agravantes, no se han reflejado en la disminución del delito.
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