Las movilizaciones de pacientes renales registradas durante septiembre en el Estado de México forman parte de un problema que comenzó en febrero y que IMSS-Bienestar no ha logrado resolver definitivamente.
En ocho días hubo manifestaciones en Toluca, Naucalpan, Ixtapaluca, Ecatepec, Tenancingo y Nezahualcóyotl. Pacientes y familiares denunciaron falta de insumos, máquinas descompuestas, reducción de turnos y suspensión de sesiones.
Las inconformidades escalaron después del inicio formal, el 10 de septiembre, del proceso electoral federal 2026-2027. La coincidencia temporal no demuestra una motivación partidista, pero coloca las fallas del sistema público de salud bajo mayor escrutinio político y ciudadano.
El problema comenzó en febrero
La primera crisis documentada ocurrió en febrero. Usuarios de hospitales de Toluca, Valle de Bravo, Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli e Ixtapaluca denunciaron interrupciones en sus tratamientos.
IMSS-Bienestar informó entonces que el servicio se encontraba en proceso de regularización y atribuyó el problema al incumplimiento de Mantenimiento de Equipo Médico BITA, S.A. de C.V., empresa responsable del abastecimiento de materiales.
La dependencia sostuvo que no tenía pagos pendientes con el proveedor. También anunció el traslado de pacientes graves, el monitoreo de las unidades y procedimientos administrativos para deslindar responsabilidades.
Siete meses después, las fallas reaparecieron y la explicación oficial fue prácticamente la misma.
Ocho días de inconformidades
El 18 de septiembre, pacientes del Hospital General “Dr. Adolfo López Mateos”, en Toluca, denunciaron que llevaban cinco días sin tratamiento. Una usuaria estimó que la interrupción afectaba a 120 personas y aseguró que era la tercera suspensión registrada durante el año.
El 21 de septiembre hubo movilizaciones en Naucalpan e Ixtapaluca. En este último municipio, pacientes del Hospital General “Dr. Pedro López” bloquearon la carretera federal México-Puebla. La protesta continuó al día siguiente ante la falta de materiales y máquinas funcionales.
El 23 de septiembre, pacientes y familiares del Hospital General “Dr. José María Rodríguez”, en Ecatepec, cerraron los carriles laterales de Avenida Central. Afirmaron que acumulaban seis días sin recibir las sesiones programadas.
En Tenancingo, los usuarios denunciaron cuatro máquinas fuera de servicio y una atención irregular durante aproximadamente dos semanas. Más de 40 pacientes dependerían de esa unidad.
El 24 de septiembre, pacientes del Hospital General “Dr. Gustavo Baz Prada”, en Nezahualcóyotl, bloquearon durante más de dos horas el Bordo de Xochiaca. Reclamaron falta de mantenimiento e insumos.
Los reportes permiten identificar siete jornadas de protesta durante septiembre, al considerar los dos días consecutivos de movilización en Ixtapaluca.
Desde febrero, las inconformidades relacionadas con este servicio han alcanzado unidades médicas de por lo menos nueve municipios mexiquenses.
Vuelven a responsabilizar a BITA
Ante la escalada de las protestas, IMSS-Bienestar reconoció interrupciones en algunas unidades y responsabilizó nuevamente a BITA por no entregar los materiales necesarios.
La dependencia aseguró que realizó los pagos correspondientes y anunció turnos adicionales, atención nocturna, traslado de pacientes y distribución extraordinaria de insumos.
No informó cuántas personas resultaron afectadas, cuántas sesiones fueron canceladas ni cuándo quedará normalizada la atención en todos los hospitales.
Tampoco precisó el resultado de los procedimientos administrativos anunciados desde febrero, las sanciones impuestas al proveedor o las razones por las que continuó prestando el servicio después del primer incumplimiento.
Un contrato directo por 60.2 millones
BITA recibió el contrato abierto C-2026-00007916 para prestar el servicio médico integral de hemodiálisis en el Estado de México.
La adjudicación directa fue publicada el 30 de enero de 2026 por un monto máximo de 60 millones 159 mil 320 pesos. El contrato estará vigente hasta el 31 de diciembre y contempla hasta 47 mil 296 sesiones.
Cada servicio fue cotizado en mil 96.53 pesos antes de IVA.
La contratación se realizó sin licitación, mediante una excepción legal aplicable ante situaciones que puedan alterar los servicios públicos o poner en riesgo la salubridad.
La misma empresa recibió en octubre de 2025 otra adjudicación directa por 27 millones 600 mil 581 pesos para prestar el servicio en la entidad.
Los dos contratos específicos suman 87 millones 759 mil 901 pesos. Las primeras protestas de 2026 comenzaron pocas semanas después de la entrada en vigor del nuevo convenio.
El costo recae en las familias
La hemodiálisis no es una consulta que pueda aplazarse sin consecuencias. El tratamiento sustituye parcialmente la función de los riñones: elimina toxinas y exceso de líquido, ayuda a controlar la presión arterial y conserva el equilibrio de minerales en la sangre.
Una investigación publicada en mayo, basada en información de IMSS-Bienestar, calculó que la interrupción de febrero puso en riesgo la atención de 971 pacientes renales en el Estado de México.
La institución no ha actualizado esa cifra ni ha informado cuántas personas dependen actualmente del contrato con BITA.
Familiares señalaron que deben comprar paquetes de insumos con precios de entre 850 y mil pesos. Una persona que requiere tres sesiones semanales podría gastar entre 11 mil y 13 mil pesos mensuales solamente en materiales.
En establecimientos privados, cada sesión puede costar entre mil 400 y 3 mil 500 pesos. Para una familia obligada a pagar tres tratamientos por semana, el desembolso podría superar los 45 mil pesos mensuales.
Las respuestas pendientes
La responsabilidad contractual puede corresponder a una empresa privada, pero garantizar la continuidad del tratamiento sigue siendo obligación de IMSS-Bienestar.
La institución debe informar cuántos pacientes y hospitales dependen de BITA; cuántas sesiones fueron suspendidas; qué sanciones aplicó; cuánto ha pagado al proveedor y si mantendrá vigente el contrato.
También debe precisar si las interrupciones ocasionaron hospitalizaciones, complicaciones médicas o fallecimientos.
Hasta el cierre de esta información no se localizó una respuesta pública de BITA sobre los incumplimientos atribuidos por IMSS-Bienestar.
La crisis no comenzó en septiembre ni termina con la reanudación provisional de las sesiones. El problema de fondo es que las fallas de un proveedor han interrumpido repetidamente un tratamiento indispensable, sin que la autoridad haya demostrado contar con un mecanismo eficaz para garantizar su continuidad.
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