La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), le solicitó a la Secretaría de Gobernación que se elabore y ejecute un protocolo de seguridad para evitar que más alcaldes en funciones, electos o exalcaldes, sigan muriendo en manos del crimen organizado.
La petición ya fue entregada de forma oficial, se acompaña de un diagnóstico sobre la situación de violencia; el análisis fue elaborado por la misma asociación, revela que desde el año 2006 a la fecha, 79 alcaldes en funciones, electos y ex-ediles fueron víctimas de violencia; de los cuales 40 estaban en funciones, 7 eran electos y 32 fueron expresidentes municipales.
Cualquier protocolo tiene por objeto establecer una serie de instrucciones que se realizan de forma clara y precisa para acciones concretas, mediante técnicas que se deberán de ejecutar a quien tenga conocimiento de la existencia de un hecho delictivo, previendo la protección de la persona amenazada, el inicio de la investigación, el registro de actuaciones, la puesta a disposición de objetos o de personas ante la autoridad, la delimitación de zonas de riesgo que tienen los alcaldes de sufrir algún atentado o situación que ponga en peligro su integridad y la de sus familiares.
Recordemos que la mayoría de estas personas que han sido asesinadas ya existían previamente amenazas, que incluso conocían los gobernadores de sus Estados y los cuales no hicieron nada, simplemente argumentando que no tienen el equipo y la tecnología o la reglamentación necesaria para la protección de las personas.
Ahora bien, es necesario considerar que a esta petición ya se han sumado dos partidos políticos, entre ellos el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, y sin duda es una herramienta para prever que más personas involucradas o relacionadas con un cargo público sigan perdiendo la vida por el simple ejercicio del mismo.
Seguir procesos para la protección de las autoridades locales adicionales a lo estipulado por la ley y determinar el grado de protección que requieren los servidores o ex servidores públicos es una herramienta más para el combate al crimen organizado y que incluso en otros país se ha hecho parte de una rutina necesaria e integral a la política criminal del Estado.
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