A más de un año del movimiento estudiantil de 2025 en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), el anteproyecto de Ley Universitaria presentado recientemente por autoridades universitarias, busca transformar de forma integral el marco jurídico de la institución.
La propuesta retoma la principal exigencia de las movilizaciones: cambiar las reglas de gobierno y los mecanismos de elección de autoridades, ya que la universidad plantea incorporar la democratización interna y el voto universal, directo, secreto y vinculante, además de ampliar la representación en el Consejo Universitario, sin embargo, al contrastar la propuesta institucional con los pliegos petitorios de 2025 persisten diferencias significativas.
Después del foro “Retos de la Educación en el Estado de México: Reforma Universitaria”, convocado por la diputada Ruth Salinas Reyes, los estudiantes que siguen participando en el movimiento estudiantil señalan un descarte de sus propuestas de Reforma y de las exigencias presentadas en los distintos pliegos petitorios que emergieron de cada facultad, demandando que no fueron tomados en cuenta para la elaboración del anteproyecto.
Un análisis comparativo de sus exigencias y de la propuesta del anteproyecto señala tanto concordancias como diferencias sustanciales entre las propuestas de los pliegos y el proyecto actual de reforma presentado en el congreso.
¿Qué se incluyó y qué no?
Las demandas estudiantiles registradas en 2025 en los pliegos petitorios por colectivos como el Enjambre Estudiantil Unificado y las distintas asambleas universitarias sobre la Ley Universitaria iban más allá de renovar la Rectoría; exigían una reforma integral a la Legislación Universitaria, el Estatuto y los reglamentos para garantizar:
- Voto universal, libre y secreto para la Rectoría y direcciones de espacios académicos.
- Ponderación del voto estudiantil, solicitando que el voto del alumnado se contabilice de forma doble frente a uno del sector académico y administrativo.
- Representación de todos los espacios académicos en los órganos de gobierno.
- Participación vinculante con voz y voto de representantes de las Asambleas Estudiantiles en la mesa técnica encargada de redactar la reforma.
- Protección a la protesta social, lo que derivó en la derogación del Artículo 43 del Estatuto Universitario por parte del Consejo Universitario tras impugnar su uso contra los manifestantes.
- Una auditoría al entonces rector, Carlos Eduardo Barrera, fue uno de los puntos centrales y que no se incorporó, pues se establece el mecanismo para auditar, pero no se especifica una para Barrera.
Por su parte, el anteproyecto de 2026 incorporó avances sustanciales:
- Establece que la Rectoría y las direcciones de Facultades, Centros Universitarios, Planteles, Unidades Académicas Profesionales e Institutos serán electas mediante sufragio personal, directo y secreto.
- La gratuidad es uno de los puntos más debatidos, pues aunque se incorporó, solo fue de manera parcial, ya que se hará de forma paulatina y con base en el presupuesto.
- Propone la paridad entre alumnado y personal académico en el Consejo Universitario y representación electa en los Consejos de Gobierno.
- Plantea la creación del Órgano Electoral Universitario, una instancia especializada para organizar comicios, registrar candidaturas, coordinar votaciones y resolver impugnaciones en primera instancia.
A pesar de estos avances, existen aspectos fundamentales que no quedaron resueltos, como:
● Ponderación del voto en incertidumbre: la Ley reconoce el voto directo y secreto, pero omite la petición de tomar por doble el voto del alumnado.
● Sin representación formal de asambleas: no se incluye la presencia explícita con voz y voto de las Asambleas Estudiantiles en el proceso de elaboración legislativa, limitando la participación comunitaria a mecanismos no vinculantes.
Reforma Universitaria de 2026 vs. Ley actual
La Ley Universitaria de 1992 sostiene un modelo de democracia indirecta, donde la decisión sobre la Rectoría y las Direcciones recae de forma exclusiva en los integrantes del Consejo Universitario y los Consejos Locales, limitando la participación activa del resto de la comunidad. En contraste, la Reforma de 2026 marca una tendencia hacia la democracia directa, al institucionalizar el voto personal, directo y secreto para todos los universitarios, formalizar la paridad entre estudiantes y académicos en los órganos de decisión y crear un Órgano Electoral Universitario especializado para dar arbitraje, transparencia y certidumbre a los procesos electorales.
Sin embargo, la diferencia sustancial radica en la certeza jurídica y el alcance democrático, ya que mientras que el esquema de 1992 restringía el voto popular mediante decisiones centralizadas únicamente en el Consejo, la propuesta de 2026 introduce la votación directa, pero traslada la decisión del análisis del voto al Estatuto Universitario; esto deja indeterminado en la ley si el voto estudiantil tendrá el peso cuantitativo demandado por el movimiento de 2025, demostrando que, aunque el anteproyecto de 2026 moderniza la estructura electoral de la UAEMex, posterga la definición sobre el peso político efectivo del alumnado en la toma de decisiones.
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