La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó a AD Noticias la liberación de Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, hijos del exfuncionario michoacano Luis Miranda Contreras, procesados por su presunta participación en una red de extorsión que operaba desde Metepec.
La institución precisó que solicitó cambiar la medida cautelar bajo el argumento de que ambos merecen continuar su proceso en libertad. Un juez de control aprobó la petición, por lo que los hermanos salieron del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez.
Su liberación ocurrió el jueves 22 de octubre, 16 días después de que fueron vinculados a proceso, el 6 de octubre, cuando se les impuso prisión preventiva justificada. La fecha exacta de su detención e ingreso al penal no fue precisada en el anuncio inicial de las autoridades.
Luis Miranda Contreras y su esposa, Liliana “N”, permanecen en prisión preventiva. No se han detallado las medidas que deberán cumplir sus hijos ni se ha confirmado la situación actual de Agustín Arturo “N”, identificado como escolta y detenido en el mismo caso.
Los señalaron por suplantar a funcionarios
La Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dieron a conocer la investigación el 8 de octubre. Presentaron a los cinco detenidos como presuntos participantes en un esquema que utilizaba identidades de personajes públicos para solicitar dinero, obtener información y gestionar beneficios.
Según la versión de las autoridades, se hacían pasar por ministros de la Suprema Corte, gobernadores, presidentes municipales y servidores públicos de la Presidencia de la República, así como de dependencias federales y estatales.
En la información difundida sobre el caso se describió el supuesto uso de inteligencia artificial para clonar o imitar voces y hacer creíbles las llamadas. El comunicado conjunto consultado no identifica el programa utilizado ni presenta un peritaje que explique cómo se habría realizado esa manipulación.
La operación comenzaba, de acuerdo con la investigación, con llamadas o mensajes de personas que se presentaban como asistentes o secretarios particulares. Solicitaban números personales y datos de las posibles víctimas con el pretexto de preparar una comunicación con su supuesto jefe.
Después llegaba la llamada de quien asumía la identidad del funcionario. Las solicitudes incluían dinero en efectivo para presuntas operaciones políticas, gestiones para agilizar pagos, incorporación de personas a cargos públicos o contratación de determinados proveedores. Las autoridades sostuvieron que también recurrían a amenazas para conseguir lo solicitado.
La Fiscalía atribuyó a una empresa de arquitectura y construcción vinculada con Aimee la recepción de recursos cuando las operaciones requerían depósitos bancarios. Esa afirmación forma parte de la acusación y deberá acreditarse dentro del procedimiento judicial.
El cateo en La Providencia
Las autoridades ubicaron el presunto centro de operaciones en una residencia del fraccionamiento La Providencia, en Metepec, donde reportaron el aseguramiento de teléfonos, tarjetas SIM y vehículos de alta gama.
El comunicado mencionó al menos 19 dispositivos móviles, entre ellos iPhone, Samsung Galaxy y Motorola. Según la Fiscalía, presentaban registros de uso con las tarjetas aseguradas y correspondencia con algunos números denunciados por las víctimas.
Los cinco detenidos fueron vinculados a proceso por extorsión. Aunque el anuncio también los relacionó con investigaciones por suplantación de identidad, el delito expresamente informado como motivo de la vinculación fue extorsión.
La salida de Samuel y Aimee no extingue el proceso ni equivale a una absolución. La decisión confirmada corresponde a la modificación de la medida cautelar para que enfrenten la acusación fuera de prisión.
El antecedente de la Red Verde
La liberación ocurre después de la salida de prisión de Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega, exfuncionarios de la Secretaría del Medio Ambiente señalados en el caso conocido como Red Verde, relacionado con presuntos cobros ilegales a verificentros.
En aquel expediente, los reportes de la audiencia del 13 de octubre señalaron que la acusación de extorsión agravada fue reclasificada a abuso de autoridad. Los exfuncionarios aceptaron un procedimiento abreviado y recibieron una condena de un año y cuatro meses, sustituible mediante un pago, además de destitución e inhabilitación.
Los dos casos tienen como antecedente acusaciones de extorsión y decisiones judiciales que permitieron la salida de los imputados. En el de Samuel y Aimee, la Fiscalía confirmó que promovió el cambio de medida cautelar, pero no ha informado de una reclasificación del delito.
Síguenos