Toluca, México; 29 de julio de 2018.
Mario Alberto García Huicochea
Director General Alfa Diario
PRESENTE
“Falsa y malintencionada” califica la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México la nota de quien esto escribe, Miguel Ángel Alvarado López, titulada “ISSEMyM, los datos ocultos”.
Al respecto, aclaro lo siguiente después de recibir la llamada de un empleado de dicha dependencia, quien puntualizó el texto diciendo que “quienes hemos laborado en el sector privado sabemos perfectamente que podemos escoger libremente nuestra afore… y también los del ISSEMyM, en esta modalidad”.
El documento “Iniciativa de Decreto por el que se Expide la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México”, fechado en Toluca el 19 de julio de 2018, y firmando por el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza, fue enviado a la Cámara de Diputados y dice, en el inicio de su Exposición de Motivos, que “Actualmente, tanto los Sistemas de Seguridad Social del Gobierno Federal y sus organismos Descentralizados, de los Estados y sus Municipios, como de las Universidades Públicas, enfrentan graves problemas financieros en sus reservas destinadas al otorgamiento de prestaciones y servicios”, desde la página 1.
Más adelante, el documento firmado por Del Mazo dice que “…el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) no ha sido ajeno a la problemática que enfrentan las instituciones de seguridad social…”, citado en la página 4.
Y continúa: “Las estadísticas muestran que la presión a las finanzas no sólo es cuestión de número de pensionados, sino también de importe al advertir que el sueldo promedio de los servidores públicos bajo la ley de 1969, resulta por la cantidad de $17,102.00, considerablemente mayor al promedio de los sueldos de Servidores Públicos en esquemas distintos de ley de 1969.
”Atendiendo a la edad promedio de 53.36 años de los servidores públicos y al promedio de antigüedad de 28.86 años, resulta evidente que la transición de Servidor Público a Pensionado impactaría de manera muy importante en la nómina de pensionados, en razón de que su crecimiento en el corto plazo sería igual o mayor a la nómina actual de pensionados”. Este párrafo hace alusión a un universo de 59 mil 733 derechohabientes, de un universo de más de 330 mil, y que representa apenas el 16 por ciento de estos prestadores de servicios.
Por otro lado, la aclaratoria del Gobierno del Estado de México apunta que es falso que Grupo Banorte controlaría en su totalidad las operaciones de las afores, pues ya se dijo, cada uno es libre de escoger la que más le convenga. Tiene razón. Pero la nota es imprecisa, en todo caso, porque Banorte operará una parte a través de la Afore XXI, propiedad de la familia Hank. La referencia sobre la participación absoluta de Banorte la hicieron pública Eliseo Gómez y Jorge Luis Zendejas, líderes de Fraternidad Sindical y Movimiento Crítico, y representantes de corrientes políticas internas del SMSEM, el sindicato de maestros del Edoméx, quienes señalaron a su actual dirigencia de “ser parte de esta desviación legalizada” y exigieron una auditoría al ISSEMyM, así como explicaciones de fondos tomados para otro tipo de actividades.
Después, el líder de ese sindicato, Abraham Saroné, dijo en público que para su sindicato emigrar a las afores no es una buena opción, y “por lo tanto a los más de 100 mil maestros afiliados a este sindicato, no nos interesan las afores”. También dijo públicamente que las cuotas obligatorias derivadas del Convenio de Sueldos y Prestaciones están retenidas por las autoridades y no han sido remitidas a la Secretaría de Finanzas. También señaló que algunos ayuntamientos y la UAEMéx tienen adeudos con el ISSEMyM y que el actual Sistema Mixto de Pensiones debía ser intocable.
Lo anterior fue publicado en notas reproducidas en medios nacionales, también de esta ciudad y del Estado de México, incluida esta casa editora.
Banorte será acompañado en el negocio de la administración de las afores por otras empresas, como Afore Azteca, prestadora de servicios para el SAT y que tiene al frente de su dirección general a Tonathiu Rodríguez Gómez, por cierto ex director de XXI Banorte. Afore Azteca, recordemos, es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y uno de los proveedores publicitarios más importantes del gobierno del Edomex.
Otra empresa más es Citibanamex, propiedad de Citigroup, un conglomerado formado en su mayoría por europeos y otras empresas. Michael Corbat es el CEO principal, un norteamericano que tuvo que afrontar el cierre de Banamex USA y una multa por 140 millones de dólares hace unos años. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo investigó en 2015 por negocios realizados entre CitiGroup y, así es, empresas de Carlos Hank.
También aparece Copel en esta lista de coincidencias empresariales. Enrique Coppel Luken es el dueño, y es además uno de los 9 mexicanos más ricos del mundo. Pero Amaia Hank Coppel, una pequeña niña, es hija de Bárbara Copel y de Alejandro Hank Amaya. Alejandro es hijastro de Jorge Hank Rhon, hijo del profesor Carlos Hank González, ex gobernador del Estado de México. Ella es hija del connotado sinaloense Ernesto Coppel, fundador de los almacenes Coppel.
Inbursa es otra afore que participa en este inmenso negocio. Y es propiedad de Carlos Slim, el magnate mexicano más conocido en el mundo. Él es uno de los principales constructores del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, en Texcoco, Edomex.
Hay otras más, que por cuestiones de espacio sólo referenciaré: SURA, conglomerado colombiano; InverCap, dirigida por Enrique Solórzano. La siguiente, Principal, encabezada por Jorge Alberto Llaneza y Profuturo GNP, propiedad de Alberto Bailleres.
Por cierto, XXI Banorte maneja fondos de afores por 39 mil millones de dólares, según sus propios reportes. Es además uno de los bancos al que el gobierno del Edomex le debe más dinero, 13 mil 500 millones de pesos repartidos en 7 créditos distintos.
Cabe apuntar que la nueva ley del ISSEMyM fue aprobada en menos de 20 minutos en la Cámara de Diputados, cuando solamente la Iniciativa de Decreto consta de 114 páginas.
Los afiliados al ISSEMYM, de acuerdo con la nueva ley aprobada el 25 de julio, deberán aportar el 15.625 por ciento de su salario, lo que significa que pagarán 2 por ciento más de lo que ya aportaban.
Por otro lado, el gasto destinado a las pensiones del ISSEMyM se puede consultar en el sitio web de la institución, en el apartado de Transparencia, donde se encuentra el presupuesto asignado desde 2010 y hasta 2017. Ahí se puede comprobar que, en seis años, el gasto comentado se triplicó, pues en 2012 era de 4 mil 554 millones de pesos y en 2017 fue de 13 mil 36 millones de pesos. Además, en una redacción confusa que este reportero desarrolló y no se entendió como debía ser, el presupuesto global del ISSEMyM entre 2012 y 2017 alcanzó 100 mil 884 millones 757 mil 228 pesos, de los cuales 45 por ciento fue destinado al pago, justamente, de pensiones.
En 2017, el ISSEMyM dispuso de un presupuesto de 24 mil 518 millones de pesos y para el pago de pensiones usó 13 mil 36 millones de pesos, el 55 por ciento de la partida general.
Así, el documento enviado por Del Mazo a la Legislatura, no tiene desperdicio e indica que “La relación de 6 Servidores Públicos por pensionado resulta insuficiente para el pago de la nómina de pensiones. Bajo el esquema actual de beneficios y de cuotas y de aportaciones, se requerirían actualmente 7.6 Servidores Públicos para mantener la nómina de pensiones”. Y es que, dicen las fojas, “la pensión promedio es incluso superior al sueldo promedio de los servidores públicos en activo”.
El escrito de Del Mazo apunta también que “en el rubro pensionario se observa una brecha creciente en las proyecciones actuariales anuales entre los Ingresos y Egresos, la cual se amplía de manera insostenible durante un plazo no mayor a cinco años. Es por lo anterior que el Sistema Solidario de Pensiones del Instituto está proyectado a entrar en déficit a partir de algún momento del año próximo, ya utilizando sus reservas actuariales”.
En esta respuesta comparto el documento íntegro donde el gobernador expone sus motivos, que por otro lado nunca dio a conocer a los únicos afectados, los empleados que aportarán sus cuotas.
La Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado tiene razón. La nota estaba equivocada.
Atentamente
Miguel Ángel Alvarado López.
*La Ley de Seguridad Social para Servidores Públicos puede ser consultada en su totalidad en este enlace.
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