Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Ha pasado casi un año desde que integrantes de 30 familias que habitaban el predio La Pedrera, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, fueron desalojados por hombres armados vestidos de civil; desde entonces, “viven” afuera del sello de “asegurado”; decidieron permanecer ahí por dos razones: la primera es que es la única manera en que pueden vigilar sus pertenencias, la segunda es que no tienen a dónde ir.
Antecedentes
El desalojo de este predio tiene sus antecedentes legales en el 2006, cuando los vecinos, agrupados en la Alianza del Valle, A. C., adquirieron las fracciones B, C y D del predio La Pedrera: 19,500 m2 de los que -explica José Antonio Lara Duque, director general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, en entrevista- pagan predial y demás impuestos.
Con estos antecedentes, en 2016, la Alianza del Valle A.C. promovió un juicio de usucapión ante el Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza bajo el expediente 910/2016 –que es un modo de adquirir la propiedad en el entendido de que, en el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, se ha poseído un bien inmueble– contra Nafinsa, quien contestó la demanda pero cuya resolución se encuentra aún en proceso.
El disparador
En mayo de 2018, los vecinos de La Pedrera se percataron de la devastación de un cerro vecino al predio, la preocupación de que esta acción afectara el suministro de agua les llevó a presentar una denuncia ante la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, expedientes PROPAEM/06268/2018 y CODHEM/TLAL/205/2018, respectivamente, días después se cancelaron las obras de devastación ya que, asegura Lara Duque, no se contaba con las autorizaciones necesarias.
Esta acción disparó, afirman los vecinos del predio, amenazas de desalojo y agresiones contra la comunidad de La Pedrera.
Para entender mejor: Detienen a integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
El desalojo
Al mediodía del 30 de noviembre de 2018 -denuncian los vecinos de la entidad- un grupo de hombres armados, vestidos de civil, desalojaron violentamente a los habitantes de La Pedrera, una cronología emitida por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero señala que esta acción provoca la detención de cuatro personas “bajo la carpeta de investigación TLA/TLA/TLA/104/271254/18/11; los vecinos llaman a la seguridad pública y se percatan que arriban policías municipales pero para `asegurar´ La Pedrera bajo órdenes del MP Antonio Moctezuma Barrera bajo la Carpeta de Investigación TLA/TLA/TLA/104/168684/18/08.
En el mismo informe se menciona que “el 10 de junio de 2019 el agente del Ministerio Público, Antonio Moctezuma Barrera entrega en deposito a la Empresa Expectras La Pedrera pero esta lo entrega a un grupo numeroso de policías privados, quienes armados custodian el lugar, pero también se han dedicado a robar las pertenencias de las humildes viviendas, así como amenazar a los vecinos que se han mantenido en plantón permanente a las afueras del predio exigiendo justicia y al resguardo visual de sus cosas personales”.
Al respecto, Lara Duque mencionó que durante todos estos meses, la Fiscalía ha mostrado una actitud de apoyo a Expectras, ha "escondido" la carpeta de investigación y se ha negado a recibir documentales que acrediten las anormalidades existentes en el caso.
Para Lara Duque, en el Estado de México, se han agudizado las políticas de despojo contra habitantes de las colonias populares y pueblos originarios en la búsqueda de territorio para desarrollar grandes negocios inmobiliarios.
Expectras A. C.
Según información pública del portal Compranet, publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a Expectras (de septiembre de 2013 a julio de 2014) 44 contratos por 700 millones de pesos, 60.5% del monto asignado por adjudicación directa.
Expectras fue fundada en 2011 por Eustaquio de Nicolás, también fundador de Homex, grupo inmobiliario que ha sido objeto de diversas demandas por fraude e incumplimiento, e incluso asuntos laborales, en Sinaloa, Chihuahua, Estado de México, entre otras entidades.
En un reportaje publicado el 30 de octubre de 2018, Sin embargo.mx menciona la relación de Eustaquio de Nicolás con el expresidente Enrique Peña Nieto, “el empresario compartió casa con Enrique Peña Nieto cuando los dos estudiaban en la Universidad Panamericana… [a Homex] en 2016, la Comisión de Valores de Estados Unidos le abrió una investigación en su contra por presunto fraude. Durante el peñanietismo y pese a la crisis de la empresa, el grupo recibió 272 millones de pesos por Adjudicación Directa”.
El abogado Lara Duque menciona que Expectras es una de las empresas favoritas del grupo en el poder que llevó a Peña Nieto a la presidencia de la república, además, agregó que cuando Javier Duarte era gobernador de Veracruz -durante los preparativos de los Panamericanos- firmó un contrato con Expectras para la construcción de las instalaciones, el cual no fue complido a cabalidad sin que hubiera consecuencias legales.
Revisión de actuaciones
Una juez será la encargada de señalar si han existido actuaciones irregulares por parte de la Fiscalía; este 4 de septiembre se llevará a cabo una audiencia de revision de actuaciones, en la que se debatirá si la Fiscalía ha tenido dicho actuar irregular.
Aunque Lara Duque consideró que no será sencillo lograrlo, si existe un poder judicial independiente, se declarará que las actuaciones de la Fiscalía han sido irregulares y se ordenará el regreso de la posesión a los vecinos de la Alianza del Valle.
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