Ricardo San Román, otro amigo de Peña,en apuros por sus negocios turbios

Toluca, Estado de México; 6 de julio de 2019. Diputados de Morena exhibieron que en la administración del ex gobernador Enrique Peña Nieto se autorizó la compra de un sistema de barrera móvil, con cargo al Circuito Exterior Mexiquense, es decir, maquinaria especializada para la gestión del tráfico que al parecer nunca fue utilizada porque el material fue abandonado desde el 2009 y está echándose a perder.

La Legislatura mexiquense exhortó al gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo a informar por qué las autoridades estatales autorizaron la compra y por qué no han investigado esa adquisición, aun cuando se hizo con sobre precio y el material ha sido arrumbado y ocultado debajo de un puente desde hace 10 años.

Sin embargo, antes de que los diputados de Morena  presentarán ante el pleno de la Legislatura ese punto de acuerdo,  la bancada priísta dio aviso de lo que harían, lo que dio tiempo para que, supuestamente, el  gobernador  sacará una de las máquinas San Román “para pasear por Nicolás Romero y engañar a los legisladores”, denunció en su cuenta de Twitter el abogado Paulo Díez Gargari.

También pidieron que el fiscal general, Alejandro Gómez inicie una investigación de los hechos probablemente constitutivos de delito por la compra del sistema y el destino que el Gobierno le ha dado, pues habría sido adquirido sin ser necesario, con lo cual, habrían causado un daño al erario por la Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (“Conmex”), subsidiaria de Aleatica.

Los legisladores llamaron al mandatario estatal a fundamentar jurídicamente esa compra, a dar a conocer cómo, cuándo y dónde se ha utilizado, los beneficios que ha generado, las razones por la cuales se adjudicó la concesión para la construcción, operación y mantenimiento del Viaducto Bicentenario en favor de Aleatica, a pesar de que existía al menos otra propuesta más conveniente para el Estado de México.

También pidieron informar el monto registrado como inversión de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. en el Circuito Exterior Mexiquense por esa compra, el rendimiento generado; si el sistema de barrera móvil fue adquirido con recursos propios de Aleatica, S.A.B. de C.V. y/o de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., o derivados de financiamientos; así como por qué no se ha investigado.

El contexto

Faustino de la Cruz refirió que el 7 de agosto del 2009 el ex  Secretario de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza suscribió con Conmex el Acuerdo 01/2009 para adquirir maquinaria especializada hasta por 500 millones de pesos y a realizar obras adicionales hasta por 350 millones, a cambio del reconocimiento de esas cantidades como inversión de Aleatica recuperable con cargo al Circuito Exterior.

Las obras adicionales consistieron en la construcción del Monumento Bicentenario en Toluca, adjudicada directamente.

De acuerdo con el legislador, la adquisición del sistema de barrera móvil se hizo en parte con un crédito de Banobras, a través de un intermediario con una denominación casi idéntica a la del fabricante norteamericano (Barrier Systems, Inc.)

El intermediario fue la Operadora Barrier Systems de México, S.A. de C.V. constituida en diciembre del 2007 y entre sus accionistas e integrantes del consejo de administración, destacan Ricardo Arturo San Román Dunne y Jorge Antonio Haua Rachner, a quienes el legislador señaló como amigos cercanos de Peña Nieto.

De la Cruz dijo que según Aleatica, el sistema fue adquirido para el Gobierno del Estado de México, pero de ser así debió hacerse mediante una licitación pública y no por adjudicación.

La Operadora, dijo, pagó al fabricante norteamericano unos 250 millones de pesos en 2009, mientras Aleatica registró la compra del sistema de barrera móvil como inversión en el Circuito Exterior Mexiquense, por 485.4 millones de pesos, es decir, casi el doble, en un sobreprecio injustificado.

Censuró que las máquinas no eran necesarias y tanto el Gobierno, como Aleatica las mantienen ocultas debajo de un puente en el Circuito Exterior Mexiquense y la Av. Central, cerca de la caseta de cobro auxiliar A5 (Hank González), desde el 2009, es decir hace 10 años, la mitad de su vida útil, que es de 20 años, por lo cual podría existir un quebranto a la hacienda pública estatal.

Edomex habría perdido 1, 629 mdp

El diputado también explicó que según información difundida públicamente por Aleatica a través de la Bolsa Mexicana de Valores, en el período 2010-2018 esa empresa obtuvo ingresos por cuotas de peaje en el Viaducto Bicentenario por 4 mil 507.6 millones de pesos, pero de haber adjudicado el proyecto a favor de quien presentó la mejor oferta el Gobierno del Estado de México habría recibido como contraprestación el 20% de esa cantidad, es decir, 901.5 millones de pesos, pero sólo obtuvo 22.5 millones de pesos, por lo cual podría haber un quebranto mayor.

“El quebranto para la hacienda pública estatal, sólo por este concepto y durante el período 2010-2018, asciende a 879.0 millones de pesos, que sumados a los 750 millones de pesos que el Gobierno del Estado dejó de recibir por concepto de contraprestación inicial, deriva en un quebranto para la hacienda pública estatal, al 31 de diciembre de 2018, por 1, 629.0 millones de pesos”.

Aseguró que hay elementos para sostener que el Viaducto Bicentenario podría haber sido adjudicado en  una licitación pública amañada, pues el proyecto original preveía su construcción en etapas: primero un cuerpo de tres carriles, que deberían ser utilizados en el sentido SurNorte con un sistema de barrera móvil para habilitar un carril de contraflujo.

La propuesta de Aleatica, precisó, incorporó una “adecuación” técnica que eliminaba la necesidad de habilitar el carril de contraflujo en el nivel inferior y con ello, también dejaba fuera la necesidad de adquirir y operar el sistema; sin embargo fue adquirido.

El exhorto fue aprobado por mayoría de votos, pues el grupo parlamentario del PRI consideró que el exhortp no debía hacerse al gobernador, sino a la Secretaría de Comunicaciones y que no había elementos para solicitar la investigación a la Fiscalía. Solo el tricolor y el PVEM votaron en contra, pero Morena, PAN, PT, PRD, Encuentro Social y los independientes votaron a favor.