El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, ha determinado que no hubo conflicto de interés en el caso de la llamada Casa Blanca de EPN, el inmueble que fue vendido a la primera dama Angélica Rivera por parte del Grupo Higa, que tiene celebrados contratos con administraciones federales.
«Esta secretaría determinó que no existió por parte del licenciado Enrique Peña Nieto responsabilidad en relación con la Ley federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos», dijo Andrade.
«Para adoptar esta determinación se investigó también la conducta de la señora Angélica Rivera, en su carácter de particular».
Ni el presidente Enrique Peña Nieto ni su esposa han adquirido bienes inmuebles desde que el presidente asumió su actual cargo, y los inmuebles investigados fueron adquiridos con anterioridad, explicó Andrade en la rueda de prensa de este viernes.
Tampoco se encontraron pruebas que los funcionarios que participaron en las licitaciones al Grupo Higa recibieran instrucciones de que resolvieran los expedientes a favor de la firma.
Y tampoco el presidente intervino directamente en el trámite de esas licitaciones, lo cual exime al mandatario de cualquier responsabilidad.
A las mismas conclusiones se llegaron en las investigaciones relativas al inmueble que en 2005 adquirió Peña Nieto en Ixtapan de la Sal, y al que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró en Malinalco.