Nadie puede comprar lo que no se vende. De ser cierta la versión de la diputada Azucena Cisneros, de que el PRI intenta romper la mayoría de la bancada de Morena en la Legislatura local, cooptando a algunos de sus miembros, el problema lo tienen en casa, no afuera. La superioridad moral de la 4T en el Estado de México está en entredicho. El Movimiento de Regeneración Nacional pagará caro la pepena de pillos, bribones y charlatanes a los que empoderó y terminarán traicionándole. En la disputa por el poder, la moral no es más que árbol que da moras, como dijera el clásico del priísta Gonzalo N. Santos.
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Grupo Higa ya no se llama así, ahora es HG Corp. El conglomerado de negocios de Juan Armando Hinojosa, el empresario amigo de Enrique Peña más favorecido durante sus mandatos como gobernador del estado y presidente de la república, ha cambiado su denominación, pero en esencia sigue siendo el mismo holding que administra Constructora Teya, Pacsa Impresión Digital, servicios aéreos EOLO, Señales y Mantenimientos, MAAC (Mezcla Asfáltica de Alta Calidad), COCIPA (Concretos y Obra Civil del Pacífico), Autovan (construcción, operación y mantenimiento de la autopistas) e Inmobiliaria del Fuerte (bienes raíces). Juan Armando y sus socios, de los que nunca nadie ha dicho quiénes son, son multimillonarios pero no se han retirado, quieren seguir haciendo dinero. Habría que ver si se mantienen como principalísimos proveedores de la administración pública federal, estatal y municipal.
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Mucho se ha hablado de cómo la española OHL –hoy Aleatica– sigue expoliando los recursos públicos del estado con contratos que los gobiernos pasados le obsequiaron, pero ni una palabra se dice sobre la otra empresa española rapaz, Abengoa, que sigue cobrando millones de pesos mensuales, y lo seguirá haciendo por muchos más, por el hospital regional de Alta Especialidad de Zumpango, que vendió a un sobreprecio de 7 mil 38 millones de pesos cuando su valor real no es ni de 500 millones. Parecería que el asunto no importara a la mayoría de MORENA en la Cámara de Diputados, que tiene el poder suficiente para pedir los contratos, revisarlos y, en su caso, modificarlos o cancelarlos y parar de tajo la extracción de dinero del pueblo que hace la ibérica Abengoa, por cierto en crisis y al borde de la quiebra.
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El fallido tren México-Toluca es un monumento a la corrupción, la incompetencia, el cinismo y la impunidad de esa clase tecnocrática que gobernó al estado y al país los últimos 12 años. Quien revise los contratos, a disposición pública en internet, podrá ver cómo se las gastaban. Pablo Suárez, en su calidad de director de Transporte Ferroviario de la SCT, firmó contratos millonarios hasta por los más inimaginables y absurdos servicios. Debe muchas explicaciones y quizá si alguien cae, es muy probable que sea él.
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