Se dice que

  La 4T ha tomado la decisión política de iniciar el desmantelamiento de la estructura de corrupción e impunidad en el Estado de México, diseñada y operada por el peñismo desde 2009. Iniciará con la destitución de Fernando Baz Ferreira como Auditor del Órgano Superior de Fiscalización. Tendrá que irse por la puerta trasera al […]

 

La 4T ha tomado la decisión política de iniciar el desmantelamiento de la estructura de corrupción e impunidad en el Estado de México, diseñada y operada por el peñismo desde 2009. Iniciará con la destitución de Fernando Baz Ferreira como Auditor del Órgano Superior de Fiscalización. Tendrá que irse por la puerta trasera al desaprovechar la oportunidad que le dieron para que renunciara. Su desempeño es indefendible, fue patético, la inmoralidad en el ejercicio público campeó y no solo no hizo nada, la prohijó, la tapó. Bien le irá si le permiten que se vaya sin mayor castigo, porque elementos habría para iniciarle un proceso legal.

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Fernando Baz es responsable de fiscalizar el uso correcto de los recursos públicos del Estado de México y municipios desde 2009, fue colocado allí por instrucción del entonces gobernador Enrique Peña y su secretario de Finanzas, Luis Videgaray con quien Baz trabajaba como auditor externo. En 2013, ya en el sexenio de Eruviel Avila fue ratificado, y en 2016, antes de irse se modificó la ley para dejarlo instalado 7 años más, hasta 2023, con el claro propósito de cuidarles la espalda y esconder los cadáveres en el clóset. Un auditor a modo que diera garantías de control del Órgano Superior de Fiscalización, justo allí donde se cocina la impunidad. 

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Morena y sus diputados hacen bien al Estado iniciando la demolición del pacto de impunidad que tanto daño ha hecho a la vida pública mexiquense. Pero como elemental ejercicio de honestidad deberían recordar que entre los diputados locales de la LIIX Legislatura que aprobaron por mayoría el entrenamiento de Baz Ferreira en el Órgano Superior de Fiscalización, estuvo el entonces coordinador de la bancada de Convergencia, nada menos que el hoy senador y sempiterno líder del GAP, Higinio Martínez. Qué paradoja.

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En aquella sesión de 2009  de la LVIII Legislatura en que se dio el nombramiento de Baz la votación fue así: a favor 39 votos del PRI, 8 del PRD, 3 del PT, 3 del PANAL, 2 de Convergencia y uno del Social Demócrata; en contra los 12 votos de la bancada panista. Peor aún, ya en la LIX Legislatura que encabezó Cruz Juvenal, el acuerdo para nombrar a Baz Ferreira por 7 años mas, también se dio por amplia mayoría, entre ellos algunos morenistas.

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De acuerdo al artículo 25, fracción IV, de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el fiscal general deberá rendir un informe anual en el mes de abril de cada año a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, hasta ahora no se ha sabido que lo haya hecho y el plazo se vence en 5 días. En cualquier evaluación, así sea la mas condescendiente, el fiscal resultaría reprobado y quizás no por falta de esfuerzo, pero sí de buenos resultados. Alejandro Gómez fue designado al cargo para un periodo que concluye hasta 2023, pero su permanencia está en entredicho.