Tlatlaya es el caso más emblemático de la historia reciente sobre el abuso en el uso de la fuerza, 22 civiles asesinados por el Ejército. Fue una masacre disfrazada de operativo de captura de presuntos delincuentes. La mayoría eran jóvenes, algunas mujeres, entre 13 y 15 fueron arteramente ejecutados por soldados cuando ya estaban detenidos. Casi dos años después y la justicia no llega, por el contrario, todo apunta hacia la impunidad. Ese es el México que apesta, del que todos deberíamos estar avergonzados, el que no debería existir más.
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El litigio para castigar a los responsables de la Matanza de Tlatlaya ha sido largo, tortuoso y desesperante. La politización del tema ha sido inevitable reduciéndolo a una ridícula y maniquea lucha entre el bien y el mal, cuando de lo que se trata es de llegar a la verdad, cualquiera que sea, y de allí a la justicia. Los delitos del fuero militar prácticamente se han caído, de los 7 imputados por delitos como infracción de deberes y desobediencia, 6 fueron absueltos y uno sancionado con un año de prisión que ya cumplió. En la justicia civil sigue el proceso por homicidio contra 3 soldados, y la PGR aún mantiene abierta la investigación sobre la cadena de mando respecto de la presunta orden de abatir que habría recibido el pelotón. No todo está perdido, pero el riesgo está allí, sobre todo si la gente empieza a olvidar.
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Con los votos de PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y PANAL, este martes la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados federales, aprobó el dictamen de la minuta del Senado para reglamentar el artículo 29 de la Constitución y permitir que, a solicitud del Presidente, el Congreso de la Unión apruebe la suspensión de garantías o un estado de excepción. Semanas antes en el Estado de México esos mismos partidos aprobaron la Ley de Uso de la Fuerza Pública o “Ley Atenco”. En Chiapas, sus diputados aprobaron la “Ley del Garrote” y en 2014, en Puebla, el Congreso Local estableció la “Ley Bala”. Da la sensación de que la élite del poder algo sabe o teme, y prepara el terreno para un mayor control social. Parecería que los vientos de la insurrección social empiezan a soplar. México se está calentando.
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La currícula de Luz María Zarza Delgado, es destacada, podría decirse que hasta brillante; doctorado, maestría y hasta una especialidad en Derecho por la UNAM; cursos de actualización en la universidad de Salamanca, España, otra especialización en justicia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la licenciatura por la UAEMex. Trabajó en la Procuraduría General de la República, ha sido magistrada del Tribunal Electoral y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, también fue coordinadora de Asesores de la LII Legislatura local. Se ha desempeñado como catedrática en Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad del Valle de Toluca, la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México y el Instituto Tecnológico de Monterrey. ¡Uff! Pues con todos esos conocimientos y esa experiencia, su trabajo como Consejera Jurídica del Gobierno del Estado de México ha estado marcado por la polémica. Sus entuertos en el escándalo OHL y la “Ley Atenco”, la han marcado. Está claro que el poder vuelve idiotas a los ignorantes, pero a los instruidos los hace soberbios o autoritarios… o las dos.
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