Están muy bien las críticas y quejas sobre las dádivas que reparten con euforia los gobiernos federal, estatal y municipal –particularmente entre la población más pobre e ignorante– con la presunta intención de influir en la intención del voto; pero de nada sirven si no se convierten en denuncias formales y documentadas ante las autoridades competentes. Hasta ahora todo ha quedado en argüende mediático, en verborrea electoral.
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Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Nadie puede comprar lo que no se vende. Si hay comercio de votos, tanta responsabilidad tienen los partidos que los compran como los electores que los venden. Esta sociedad (no toda, afortunadamente) está en decadencia, tanto como el sistema político. Si las cosas no cambian no es sólo porque los grupos de poder lo impidan: es determinante que la sociedad no hace lo suficiente para lograrlo.
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Muchos priístas no están de acuerdo –algunos de ellos se sienten hasta agraviados– con que el equipo de campaña del candidato le haya entregado la responsabilidad del llamado “Programa de Fortalecimiento Partidista” (que no es otra cosa que el armado de estructuras con esquemas piramidales tipo Avón o Herbalife para la movilización de electores el día de la votación) a un fuereño –sin militancia ni pasión por ese partido, dicen– como Juan Pedro García Martínez. Juan Pedro es dueño de la empresa Marketing Político y Operación “MP&O”, que vende sus servicios a quien los pague, independientemente de su filiación política; es un negocio, pues. En el pasado tuvo un desempeño exitoso en Querétaro –al servicio del PAN– en la conquista de la gubernatura; antes, había trabajado para Alfredo del Mazo en otra campaña, y recientemente lo hizo para Enrique Vargas en Huixquilucan. Juan Pedro podrá ser un eficaz operador político, pero su presencia ha pegado en el espíritu del PRI.
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Es un falso debate el que los partidos sobrealimentan los topes de campaña. Todos, sin excepción, sabían desde hace mucho tiempo que así sería y no hicieron nada para impugnar la ley en tiempo y forma. El tope no los obliga a que gasten 285 millones de pesos; si quisieran, podrían no gastarse ni un peso. Josefina, Delfina y Del Mazo bien podrían dar un gran ejemplo transparentando (por primera vez en Internet) todos los días sus gastos de campaña, y crear de facto una especie de contraloría ciudadana que tenga elementos veraces para evaluar si el gasto declarado es real, o si es excesivo o no.
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El estereotipo del político bonito, blanco, de hablar hueco pero fluido y rítmico, con ropa cara, que el sistema sembró en el inconsciente de millones de electores como el más apto para gobernar, está acabado: fracasó. Lo bonito no quita lo ratero, dice ahora la gente que, por primera vez, se muestra más consciente de la importancia de los valores y lo irrelevante de la estética. Allí radica en buena medida el éxito de la candidata de Morena: Delfina es una gente del pueblo, que habla como el pueblo, piensa como el pueblo y entiende al pueblo.
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