El buen juez por su casa empieza: Myrna Araceli García Morón, la nueva presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México –nombrada apenas la semana pasada–, ha dado la nota internacional en “El País”: todas las trabajadoras de esa institución pública podrán tomarse un día libre al mes por dolores menstruales; también los empleados varones mayores de 40 años podrán gozar de la licencia si comprueban que sufren alguna dolencia fisiológica. Desde la perspectiva laboral y de equidad de género, indudablemente es un gran paso dado sin tanta alharaca o grilla. Cuando uno piensa que todo está del carajo en el gobierno, se dan estas escasas perlas que sirven de bálsamo.
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La cuenta regresiva de los dos meses para el relevo constitucional en el gobierno del Estado de México ha iniciado con suficientes razones para que Alfredo del Mazo esté preocupado (aunque todo parece estar preparado para que asuma el cargo a como dé lugar). Una a una las denuncias por presuntas irregularidades en su campaña han sido desechadas; el INE ha sido una amable aduana para el candidato priista. Donde quizá tenga el mayor problema es en la PGR: la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) –la misma que investiga a César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge– abrió la semana pasada una investigación en su contra por la denuncia del abogado Pablo Díez para seguir la pista de al menos mil 600 millones de pesos que, presuntamente, fueron desviados del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México para financiar los gastos de su campaña. El joven Del Mazo no sale de una cuando de inmediato le endilgan otra; son obvios los intentos por obstaculizar su ascenso al poder.
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Los Jiménez Ayón son los ricos del pueblo en Tlalmanalco, en la llamada “región de los volcanes” en el Estado de México. Son un familia muy poderosa, con mucho dinero y relaciones políticas, propietarios del afamado Rancho Las Mesas –de cientos de hectáreas–, donde se producen árboles de navidad y en el cual se alquila una zona para uso recreativo. Óscar, uno de los hermanos, es por segunda ocasión presidente municipal, y antes de esta administración fue diputado local. En Tlalmanalco la mayoría de la población es pobre: es una comunidad de vocación rural con un atraso ancestral. Lo poco que tiene esta gente es su tierra, heredada generación tras generación; pero ahora resulta que el alcalde y sus hermanos están despojando abusivamente a un grupo de ejidatarios tras invadir sus tierras. Les han quitado hasta ahora 50 hectáreas, y nadie hace nada en el gobierno federal o estatal. Los Jiménez Ayón son parte fundacional de la nomenklatura priista; tal vez por eso pueden actuar impunemente. Como este caso de caciques priistas hay decenas en el Estado de México.
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La empresa que tiene el contrato para retirar los viejos medidores de luz y colocar los nuevos en los 125 municipios del Estado de México es Aldesa, la misma que mal construyó el paso exprés en Cuernavaca. Pero ese contrato, el más grande que tiene –por el cual cobró mil 601 millones de pesos–, no se lo dio Gerardo Ruiz Esparza, sino el actual líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, cuando dirigía en 2015 la Comisión Federal de Electricidad. ¡Bribones!
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