Si no se le complican las cosas por algún imprevisto, entre el martes y el jueves próximos el Instituto Electoral del Estado de México estará expidiéndole la constancia de mayoría al candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza, para posteriormente, agotados los recursos legales, declararle gobernador electo del Estado de México para el periodo 2017-2023.
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Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es quien tiene la última palabra, las probabilidades de que Alfredo del Mazo pierda la gubernatura en la mesa son muy, pero muy remotas. Morena no ha podido –hasta ahora– presentar pruebas válidas suficientes para acreditar el fraude que ha denunciado. La anulación de la elección se ha esfumado, y la acusación del grupo Ahora de financiamiento ilegal tampoco prosperó. De igual forma, en el litigio no han podido justificarse causales de fondo para la apertura de todas las casillas y el recuento voto por voto. Una cosa es la verdad política, otra la jurídica, otra la histórica y una muy distinta la lisa y llana verdad.
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Para entender el presente de los hombres de poder hay que conocer su pasado. Baruch González Delgado Carbajal, nuevo presidente del Tribunal de Justicia Administrativa –pieza clave del entramado institucional para el futuro combate a la corrupción en el Estado de México– es una figura que creció bajo el amparo del peñismo. Fue justo en 2010, penúltimo año de Enrique Peña como gobernador, cuando se le colocó como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Su desempeño fue gris, pero resistió la transición al eruvielismo: cumplió con su encomienda y mantuvo al Poder Judicial subordinado al Ejecutivo. Sus buenos oficios como hombre del sistema le valieron para ser recompensado con la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a la que hizo chiquita, diminuta, testimonial. Cercano a los afectos de algunos de los hombres del presidente –particularmente al diputado César Camacho–, se le envía ahora a combatir la corrupción. Sobre Baruch hay más dudas que certezas: abundan la desconfianza y el escepticismo, pues no hay razón lógica para pensar que ha cambiado y actuará diferente a lo que ha hecho en su pasado.
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A Derechos Humanos llega Jorge Olvera, con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos (sólo Morena no lo secundó). Como rector de la UAEM hizo un papel muy aceptable en lo académico y en lo administrativo, pero en lo político fue seriamente criticado. Todos los exrectores, invariablemente, han terminado trabajando en el gobierno; Olvera puede decir que él no, que ha tenido la fortuna de llegar a una institución noble, a la que puede sacar de la mediocridad en la que la han sumido. Bien dotado técnicamente por su sólida formación académica, Olvera tendrá que ganarse con trabajo la confianza, en el entendido de que la fuerza mayor de todo ombudsman es moral. Le asiste el beneficio de la duda.
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Aunque parezca increíblemente cínico y absurdo, la pandilla que controla a la policía estatal se mueve, cabildea, toca puertas, ofrece ganancias para que en la siguiente administración le permitan seguir administrando el gran negocio de la seguridad privada llamado CUSAEM. Son miles de millones de pesos en un sexenio que no se fiscalizan, que no se reportan, que se manejan a su antojo y que es, justamente, una de las principales fuentes de corrupción de la que sale el dinero para comprar ranchos, mansiones, residencias de descanso y grandes capitales guardados en paraísos fiscales.