La ejecución de 6 personas, la mayoría jóvenes, en el pequeño y empobrecido municipio sureño de Joquicingo, es un hecho perturbador en sí mismo, pero más todavía la indiferencia de las autoridades y la normalización social de lo aborrecible. En cualquier lugar civilizado el asesinato de 6 personas causaría horror, aquí es parte de folclore. La crisis de civilización en el Estado de México es lamentable.
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Una sola declaración de la autoridad no ha merecido esa violencia local. El Fiscal General de Justicia y la secretaría de Seguridad hacen como que no ven y callan. Quizá piensan que su silencio es mejor que satisfacer el derecho a saber de una sociedad en riesgo. Prefieren llevar la atención al secuestro de un actor y un francés en el Volcán que a la ejecución de 6 jóvenes. Decepcionante.
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Los organismos de agua potable continúan funcionando como cajas chicas de los alcaldes. La red de desvío de fondos públicos en los municipios está intacta y operando, nada ha cambiado. Son millones y millones de pesos que ingresan y salen sin control alguno. Corrupción institucionalizada.
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Parece que el magistrado Ricardo Sodi avanza a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Al menos esa es la percepción en la comunidad de profesionales del derecho sobre lo que está sucediendo en el Poder Judicial. De lo que hablan, es de una especie de alineamiento de los otros aspirantes -al menos 6- al plan 20-25 que promueve Sodi con vehemencia. Ya lo veremos en enero.
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Si alguna posibilidad tenía MORENA para meter la mano en la próxima elección en el Poder Judicial, su pésima operación, cargada de arrogancia, lo echó a perder. La gota que derramó el vaso fue el intento desde el Poder Legislativo para posponer la designación de 10 nuevos magistrados.