Toluca, Estado de México, 10 de julio de 2019.- La Autoridad Judicial con sede en Cuautitlán dictó una sentencia condenatoria de 70 años, para tres sujetos por el delito de secuestro agravado en contra de nueve migrantes, luego de que el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), acreditó penalmente su participación en ese ilícito, ocurrido en abril de 20150
Los elementos de prueba recabados y aportados fueron determinantes para que un Juez emitiera esta sentencia para María del Rocío Sotelo Govea, Nancy Pérez López y Roberto Rodríguez Villegas, quienes participaron en este hecho delictivo. De acuerdo a las investigaciones, estos y otros sujetos concentraban a los migrantes a quienes, mediante el engaño de ayudarlos a cruzar a los Estados Unidos, los trasladaban al municipio de Huehuetoca, donde los privaron de su libertad.
Luego los amenazaban con hacerles daño, y para dejarlos seguir su camino hacia la frontera norte les exigieron el pago de una suma económica en dólares, para lo cual debían comunicarse con sus familiares en la Unión Americana o en sus países de origen, a fin de que les enviarán el dinero.
Dos personas de origen centroamericano denunciaron esta situación por lo que el Agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación mientras que agentes de Investigación se encargaron de realizar diversas indagatorias que derivaron en la aprehensión de María del Rocío Sotelo Govea, Nancy Pérez López y Roberto Rodríguez Villegas, como partícipes de los secuestros.
En tanto, las víctimas fueron rescatadas por elementos de la entonces Procuraduría General de la República, luego de un cateo realizado en un inmueble habilitado como un centro de rehabilitación para alcohólicos, situado en la calle Emiliano Zapata, del Barrio San Bártolo.
Los tres detenidos por este ilícito fueron remitidos ante un Juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, autoridad que previo proceso legal, les impuso la sentencia respectiva, además les fijó una multa de 420 mil 600 pesos, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.