Parlamentarias y parlamentarios integrantes de la Comisión de Derechos Indígenas advirtieron la necesidad de reconocer y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades originarias, incluso con una nueva ley estatal mayor respeto a su cultura, y San Francisco Tlalcilalcalpan aprovechó para solicitar ser restituido como municipio.
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Durante los trabajos de este viernes se presentaron varias propuestas encaminadas a elevar a rango constitucional con mayor amplitud el reconocimiento y garantía de sus derechos, la posibilidad de expedir una nueva Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y también hubo reclamos por la exclusión y discriminación hacia esos pueblos.
Integrantes de San Francisco Tlalcilalcalpan advirtieron que desde el gobierno estatal anterior han pedido constituirse como municipio, pero no les han hecho caso y acusaron que han sido víctimas de injusticias por parte de los gobiernos estatal y municipal de Zinacantepec, pues primero los despojaron de un manantial en 2013 y en 2019 trataron de hacerlo con un pozo en la calle Fresnos.
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Miguel Ángel Velázquez Zenón planteó una iniciativa para crear una nueva Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de la entidad, a fin de darles mayor participación en la toma de decisiones, reconocerlos a ellos, sus derechos y garantías, sus sistemas de organización, educación, cosmovisión, familia, salud, la medicina ancestral y advirtió que no son un grupo vulnerable; sino la base de la nación mexicana.
Marta Alejandro Campos y Carlos Yair Palma propusieron incluir la educación financiera a las comunidades y pueblos indígenas, a fin de ayudarlos a insertarse en el mercado financiero y ofrecer capacitación, así como préstamos para que puedan iniciar negocios.
Eva Medina Rubio propuso un mayor reconocimiento de los pueblos originarios, sus formas de organización, culturas, dialectos, hábitats, los derechos sobre las tierras, el aprovechamiento racional de los recursos, el derecho a recibir información y a ser consultados cuando se busque aprovechar sus tierras, a mantener su identidad étnica cultural, su cosmovisión, a preservar sus lugares sagrados y de culto.
También reconocer las prácticas médicas tradicionales y a el derecho a combinar el saber científico con el tradicional, así como a proteger la propiedad de sus conocimientos, saberes, prácticas, innovaciones y recursos.
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Fernando Montes de Oca planteó la declaración de interés público, salvaguarda, conservación, restauración, recuperación, preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos originarios y la creación de un Consejo de Cronistas Indígenas municipal.
Rocío Alejandra Ayala presentó una iniciativa para establecer que el gobernador debe instrumentar los protocolos necesarios para el reconocimiento de los pueblos y comunidades originarias.
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