Kenia Hernández, una destacada activista afroindígena, abogada y feminista, lleva casi cinco años privada de su libertad. Durante este tiempo, no ha podido ver crecer a sus dos hijos, de 8 y 12 años. La han acusado del presunto delito de ataque a las vías generales de comunicación en pandilla, y las autoridades han señalado su caso como un “escarmiento” para disuadir las protestas en carreteras en México
El Caso de Kenia Hernández: Irregularidades y Prisión Preventiva
Las autoridades detuvieron a Kenia por primera vez el 6 de junio de 2020 en la caseta de Las Américas, en Ecatepec, acusándola de robo con violencia. En esa ocasión, las autoridades le impusieron una medida cautelar de presentación periódica, pero no la encarcelaron. Sin embargo, el 18 de octubre del mismo año, las autoridades la detuvieron nuevamente, esta vez por el presunto ataque a las vías generales de comunicación, un hecho que, según ellas, ocurrió en Toluca, Estado de México.
La detención, realizada en la caseta de Puebla, en Amozoc, estuvo marcada por irregularidades: no se presentó una orden de aprehensión, los agentes no portaban uniformes ni identificación, y se ejerció violencia contra la activista. Tras ser trasladada al Estado de México, el 24 de octubre se ejecutó la orden de aprehensión. En total, se le imputaron diez causas penales por el mismo delito, impulsadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Prisión Preventiva: Un Argumento Cuestionable
El delito por el que se le acusa no está catalogado como grave y, en teoría, podría resolverse mediante un acuerdo reparatorio sin necesidad de un juicio oral. Sin embargo, las causas están repartidas en Guerrero, Morelos y Guanajuato, lo que ha complicado el proceso y mantenido a Kenia en prisión preventiva oficiosa.
Durante una audiencia, se argumentó que la activista “se manifiesta mucho y es muy inteligente”, razones que, según su defensa, carecen de fundamento legal y evidencian un trato discriminatorio. Fabiola Vite, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y abogada de Hernández, explica que el caso de Kenia es emblemático de la criminalización de la protesta social en México.
Una Posible Salida: El Acuerdo Reparatorio
A pesar de las dificultades, existe una posibilidad de que Kenia salga de prisión. En enero, una audiencia en el Órgano Especializado de Mediación abrió la puerta a un acuerdo reparatorio. No obstante, para que esto ocurra, Capufe debe dar el primer paso.
Kenia ha manifestado su disposición a llegar a un acuerdo, pero sin admitir culpabilidad ni ofrecer disculpas por un delito que asegura no cometió. “Yo no puedo poner en entredicho el ejercicio de la protesta porque así podría sucederles a otros más. No quiero generar un mal precedente”, declaró la activista.
El Papel del Gobierno en el Caso de Kenia Hernández
La presidenta Claudia Sheinbaum, como representante del poder ejecutivo, tiene la competencia para resolver la situación de Kenia. Su defensa espera que las autoridades concreten una reunión de conciliación. Esta se ha pospuesto en múltiples ocasiones, para alcanzar un acuerdo que permita a la activista recuperar su libertad.
La Lucha por la Justicia y la Libertad
El caso de Kenia Hernández sigue siendo un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes ejercen su derecho a la protesta en un contexto donde la justicia parece estar influenciada por intereses políticos y económicos. Su lucha por la libertad y la justicia es un llamado a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en México.
