México es un país en donde hay amplísimos ámbitos que escapan a la gestión de las instituciones y las normas. Sabemos que hay millones de mexicanos en la economía informal, que cada vez hay más personas desaparecidas, que se cuentan por miles los cuerpos encontrados en fosas clandestinas, que hay una enorme, pero enorme, cifra negra sobre delitos, sólo hay estimaciones sobre temas tan delicados como la corrupción, las adicciones, la discriminación, la violencia y un larguísimo etcétera.
¿A qué se debe esto? Para decirlo con palabras simples, a una debilidad institucional de la que no hemos podido escapar por generaciones. Conceptualmente se llama debilidad institucional a la situación de un país en la que la aplicación de la ley es endeble, prevalece gran discrecionalidad en el empleo de la misma y existen cambios institucionales continuos. ¿Les suena familiar esto? Impunidad, discrecionalidad, informalidad, desigualdad, inequidad son sólo algunos de los términos que sirven para aludir a las consecuencias de una debilidad institucional. Lamentablemente en México todos estos términos son una realidad avasallante.
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Las instituciones son ese entramado que orienta el comportamiento de los individuos y organizaciones. Una definición sencilla de las instituciones formales alude a las leyes, reglamentos, constituciones, contratos y todas aquellas restricciones escritas, diseñadas conscientemente, y que aparecen a medida que la sociedad se vuelve más compleja y sus integrantes precisan de reglas para reducir la incertidumbre en sus vidas cotidianas.
Las vida institucional en nuestro país no es sólida. Hay, como decíamos al inicio, muy amplios ámbitos en los que la aplicación de la ley es prácticamente nula. Y me refiero a ordenamientos jurídicos de toda índole y a todos los niveles: desde el bando municipal hasta la Constitución, pasando por acuerdos, decretos reglamentos, leyes generales y un largo etcétera. Basta salir a la calle y ver vendedores ambulantes, limpiaparabrisas, franeleros, limosneros, vagabundos, sexoservidores, dealers, vaya, miles de personas que viven absolutamente al margen de la normatividad.
Basta echarle una mirada a los reclusorios y encontrar miles de personas presas por años sin sentencia, por falta de un abogado, por no hablar español, por no “ponerse a mano”. Con sólo darse una vuelta por las farmacias de descuento y sus consultorios anexos uno apenas puede imaginar el volumen de personas sin acceso a seguridad social y servicios médicos. En cualquier tianguis uno puede encontrar piratería; en casi cualquier colonia uno puede ver negocios improvisados, venta de comida sin ninguna regulación. Afuera de cualquier escuela se vende de todo: papas, helados, golosinas, antojitos. Todo esto ocurre al margen de los ordenamientos jurídicos.
¿A qué se debe esto? Para decirlo con palabras simples, a una debilidad institucional de la que no hemos podido escapar por generaciones.
Podríamos seguir enlistando todo lo que ocurre al margen del control de las instituciones (aunque algunos burócratas sí sepan de su existencia y hasta obtengan provecho de ello) e incluir comercio ilegal, corrupción, violencia, discriminación, desplazamientos, migraciones, asentamientos humanos, trabajo doméstico, etc. De todos estos ámbitos hay estadísticas de registros pero hay que preguntarse sobre qué tan confiables son.
Hoy, cuando una pandemia azota al país, no es posible esperar que haya registros confiables del número de casos, de defunciones, de recuperados, de secuelas, de consumo de medicamentos. Es casi imposible que ello pueda existir. Son miles los casos de gente que se ha contagiado, ha enfermado, se ha recuperado o fallecido en su casa, sin acudir a una institución de salud. Han sido pocas las pruebas aplicadas (en términos relativos), hay miles de localidades en las que un hospital queda a cientos de kilómetros (y con un número de camas limitado, con poco personal e insumos), son millones de personas sin seguridad social y servicios médicos, la capacidad hospitalaria es realmente raquítica (1 cama por cada mil habitantes, según estimaciones del Banco Mundial, en tanto que países como Japón tienen 13) y la expansión para atender la pandemia fue “lo que se pudo hacer”.
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Nunca vamos a saber cuántos casos hubo, cuántas defunciones, cuántas personas recuperadas cuántos contagios. No sólo porque la pandemia seguirá durante un buen tiempo, sino porque carecemos del entramado institucional para proveer certeza respecto a esto. Así como carecemos de registros precisos sobre el número de delitos que se cometen cada día, del monto de desvío de recursos públicos, del número de comerciantes informales, de personas en situación de calle, o del paradero de miles de desparecidos, seguiremos careciendo de números consolidados sobre las víctimas y los vencedores de la Covid-19.
Sabemos hoy lo que el raquítico sistema de salud nos permite saber, todo el mar de cosas que ocurren al margen de él es una zona absolutamente obscura, incierta, indeterminada. La debilidad institucional en nuestro país es un problema de larga data, su solución no está siquiera cerca, es muy complejo “meter en orden” lo que ha crecido tan anárquicamente.