Toluca, Estado de México; 9 de octubre de 2019.– Para evitar que la austeridad sea un tema de buena voluntad y se convierta en una obligación, el Congreso mexiquense emitirá este año su propia Ley de Austeridad que alcance a los tres poderes, órganos y a los entes municipales.
Luego que la Cámara de Diputados federal aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Austeridad Republicana y la turnó al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, señaló que este será uno de los temas prioritarios de este periodo ordinario.
A nivel estatal pretenden valorar varios elementos, entre ellos: el candado que impide a los funcionarios públicos trabajar durante los siguientes 10 años en el ámbito privado cuando se trate de empresas que hayan supervisado, para ajustarlo a la realidad estatal y hacer un llamado al Poder Judicial para que acate la norma.
“Es obligado, ya teníamos avanzada la iniciativa que de alguna manera se va hacer coincidente, en cuanto a la temporalidad habría que revisar, yo creo que la ley local nos podrá permitir revisar si es un espacio de tiempo justo o habría que reconsiderarlo, eso ya lo veremos en el momento que tengamos que legislar” señaló.
Sostuvo que no se trata de hacer una réplica, pues la norma local tendrá otros matices, acordes con la visión de los mexiquenses, donde se tenga en cuenta que la austeridad tiene muchas connotaciones, no solo es el aspecto cuantitativo, sino también garantizar la parte cualitativa.
El tema, dijo, tiene que ver con buscar la reducción del gasto público, garantizar la disposición del gasto en temas prioritarios, sin limitarse sólo al recorte presupuestal, donde se debe tomar en cuenta, por principio de cuentas, el tema salarial para que nadie gane más que el presidente y, en la entidad, que el gobernador.
En este caso, consideró que se debe revisar no sólo los altos y medios mandos, porque en ocasiones hay servidores públicos con salarios exorbitantes, por arriba o muy cercanos al mandatario estatal, sin que justifiquen ese tipo de percepción.
Sin esta norma, acotó, el elemento jurídico que obligue a todos a ajustarse a las medidas, será un asunto de orden ético, donde se debe dejar clara la obligación de todos los ayuntamientos, sin que se escuden en su autonomía.
“Todavía mientras no tengamos el elemento jurídico que obligue tendrá que ser un asunto de orden ético, básicamente, porque la ética tiene que ver con lo público y estamos hablando de recursos públicos, la posición de todos los funcionarios ante la sociedad debe ser una posición ética” indicó Maurilio Hernández.
En el caso del Poder Judicial exhortó a los magistrados a considerar estos cambios cuando el Congreso local logre su aprobación