Durante cuatro meses el gobierno del Estado de México ha evadido su responsabilidad en torno a la masacre ocurrida en Tlatlaya el pasado 30 de junio.
La falta de transparencia sobre el asesinato múltiple más grave de los últimos tiempos, ha evidenciado a la justicia en el Estado de México y el país.
Aquél día dentro de una bodega el Ejército asesinó a 22 civiles, de los cuales 15 fueron ejecutados, según la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde también señala que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) torturó a dos testigos sobrevivientes y no resguardó el lugar de los hechos.
La primer reacción del gobierno estatal fue avalar los asesinatos a horas de ocurridos y con información falsa, el gobernador felicitó a los soldados y presumió resultados de su Estrategia Integral de Seguridad, durante una gira de trabajo por Nezahualcóyotl.
Estas fueron sus palabras: "El Ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar resultó herido, pero el Ejército en su legítima defensa, actúo y abatió a los delincuentes. Desde luego que cuando se pierde una vida, quién sea, es de lamentar, pero finalmente podemos ver que el Ejército mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el Gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida, contundente”, expresó.
Días después del supuesto enfrentamiento reporteros de AP acudieron al lugar para inspeccionar y aseguraron que las evidencias que encontraron no eran las de un enfrentamiento, sino de una ejecución.
Sin embargo, las autoridades seguían defendiendo la versión que difundieron a través de un comunicado de prensa, donde señalaban que los soldados acorralaron a 22 personas dentro de una bodega donde ocurrió un enfrentamiento a tiros el cual terminó con las muerte de los 22 civiles y sólo un militar herido.
Desde ese momento organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos tanto de México como del extranjero exigieron al gobierno del estado, encabezado por Eruviel Ávila y al federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, una investigación y sanciones para los responsables del homicidio de los 22 civiles, quienes de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) eran criminales.
Hasta que el 19 de septiembre la revista Esquire publicó una declaración de una sobreviviente, quien acusaba al Ejército de ejecutar a 21 de las 22 personas ya que estas se habían rendido ante los militares.
Desde entonces la versión oficial comenzó a desmoronarse y la reacción del gobernador Eruviel Ávila sepultar el tema ante la opinión pública pidió a medios y la población en general “su comprensión” ante su postura (no hacer más cuestionamientos sobre el tema) y explicó que el gobierno estatal sólo atenderá los requerimientos de las instituciones judiciales que investigan el caso, a pesar de que fue el primer funcionario en aplaudir y celebrar la actuación de los militares.
El hecho fue retomado meses después por la CNDH, también bajo la presión mundial de medios de comunicación y gobiernos, sobre todo que se acercan las elecciones dentro de este instituto.
En una recomendación Derechos Humanos (CNDH), hizo públicas las técnicas de tortura por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) contra testigos de la matanza. También documento que la escena del crimen fue manipulada para favorecer la versión antes emitida por las autoridades.
Después se dio a conocer que el Ejército ejecutó al menos a 15 de los 22 civiles dentro de una bodega en Tlatlaya.
Fue ahí cuando se cayó a pedazos la versión oficial, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva aseguró que es falso que todos fallecieron en un enfrentamiento con militares la madrugada del 30 de junio pasado.
Ante la presión mediática el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, habló públicamente sobre los hechos, asegurando que ya se estaba realizando una investigación y confirmó que hubo un enfrentamiento.
A pesar de todo el tiempo transcurrido el gobierno del Estado de México, ante la recomendación de la CNDH, dijo que se tomaría 15 días para leerla y después decidir si la aceptaba o no.
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