Familiares de internos recluidos en el penal de Chiconautla, en Ecatepec de Morelos, han denunciado que las autoridades de ese centro de reinserción social exigen hasta 20 mil pesos a familiares de los internos que habían sido seleccionados para portar un brazalete de monitoreo para la liberación de presos de baja peligrosidad, con el cual el gobierno del Estado de México pretende disminuir la sobrepoblación en las cárceles del estado.
Desde la administración del pasado gobernador, Eruviel Ávila Villegas, el gobierno mexiquense había adquirido 250 brazaletes para distribuir entre los internos de baja peligrosidad o entre aquellos “primer delincuente”, es decir, quienes hayan cometido un primer delito que no hubiese sido de gravedad.
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “todo reo cuyo delito cometido no sea grave y tenga el suficiente dinero para pagar un brazalete electrónico, puede obtener su libertad anticipada y no deberán hacer fila como otros presos que aguardan para que el Estado les entregue un sistema electrónico de monitores y de esa forma abandonar la prisión”.
Pero las irregularidades ya habían sido señaladas por los familiares de los internos en Chiconautla. En noviembre pasado, el Segundo Juzgado de Distrito en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez, amparó a más de 200 internos de ese penal y ordenó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sergio Medina Peñaloza, que interviniera en la dotación de brazaletes, o en su defecto impusiera una medida alternativa para la liberación monitoreada de internos de baja peligrosidad.
En ese entonces, los demandantes exigían que se les concedieran los brazaletes que meses antes les había asignado el gobierno del Estado de México. El titular del Tribunal mexiquense argumentó que él no podía “…intervenir en asuntos de índole jurisdiccional… no le compete sobre la procedencia o no de la colocación de brazaletes electrónicos, ni sobre un eventual desacato a los mandatos judiciales que ordenaron su colocación”.
No obstante, el Segundo Juzgado con sede en Naucalpan exhortó a Medina Peñaloza a velar por el cumplimiento de la orden, pues los brazaletes ya habían sido adquiridos por el gobierno del Estado de México.
Ahora, las irregularidades son señaladas por los familiares de los internos de baja peligrosidad en Chiconautla, quienes denuncian que las autoridades de ese centro penitenciario tienen un “mercado negro de brazaletes”. Exigen que se les otorguen, o que en su defecto se les aplique otra medida para la liberación monitoreada, pues, argumentan, ellos ya realizaron las multas de mil 500 pesos para que los internos salieran del penal antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y que el brazalete se les debería de colocar de manera gratuita.
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