- El elevador de la impunidad
- La negligencia mata
- Esa transparencia no me deja ver
- El otoño de las barricadas
- Que nadie se diga sorprendido
El elevador de la impunidad
La irresponsabilidad de las élites no constituye una desviación del sistema de poder mexiquense, sino uno de sus mecanismos de reproducción. La Fiscalía ofreció ayer disculpas a las familias de las víctimas del feminicida serial Óscar García Guzmán por las omisiones documentadas por la Codhem. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, titular de la institución durante buena parte de aquellas negligencias, es hoy magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Quien encabezó una Fiscalía señalada por vulnerar derechos humanos participa ahora en el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores. Su tránsito por los gobiernos de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo hasta el nuevo Poder Judicial retrata la continuidad de una burocracia superior que sobrevive a las alternancias y las reformas. No se le ha acreditado responsabilidad penal personal, pero la ausencia de sanción no cancela la responsabilidad política del mando. Los subordinados responden por sus actos, las instituciones reconocen sus faltas y las jerarquías conservan sus posiciones. Las familias esperaron años por una disculpa; el antiguo fiscal llegó a una magistratura. La responsabilidad se diluye en la institución mientras el privilegio permanece en el individuo.
La negligencia mata
Jessica Guadalupe Jaramillo tenía 23 años y una posibilidad de sobrevivir que la negligencia ministerial pudo haberle arrebatado. Su familia sabía dónde buscarla, señaló la casa de Óscar García Guzmán, en Villas Santín, e imploró a la Fiscalía que interviniera. El cateo tardó y Jessica apareció muerta. La Codhem documentó que las omisiones redujeron considerablemente las posibilidades de encontrarla con vida. El propio Alejandro Jaime Gómez Sánchez, entonces fiscal, admitió que pudo haber sido rescatada. No puede asegurarse que una intervención oportuna hubiera impedido el feminicidio, pero tampoco absolver a quienes desperdiciaron esa oportunidad. La obligación del Estado no comienza cuando aparece un cadáver, sino cuando una vida está en peligro. Casi siete años después, la disculpa pública reconoce lo que la familia denunció desde el principio. Jessica no necesitaba el arrepentimiento de las autoridades, sino su intervención. La justicia que llega después puede castigar al asesino; jamás devolverá la vida que pudo salvar.
Esa transparencia no me deja ver
La transparencia del IEEM tiene una virtud extraordinaria: cuanto más la proclaman sus autoridades, menos permite ver. Amalia Pulido defiende las adjudicaciones directas con argumentos de urgencia electoral, publicidad de los contratos y fiscalización institucional. Karina Vaquera, consejera del mismo organismo, advierte en su opinión publicada sobre las observaciones del OSFEM, las deficiencias en la verificación de proveedores, las convocatorias de apenas tres días y la fragilidad de los controles administrativos. No alude expresamente a Cajas Graf, pero sus señalamientos alcanzan un problema de fondo: la discrecionalidad puede encontrar amparo en las mismas reglas destinadas a impedirla. De las otras cinco consejeras, ninguna explicación pública conocida sobre las adquisiciones cuestionadas. Francisco Javier López Corral, secretario ejecutivo, y Efraín García Nieves, director de Administración, permanecen igualmente ausentes del debate público. Prófugos de las explicaciones, cuando sus responsabilidades administrativas ameritan precisamente lo contrario. La legalidad invocada por Pulido merece contrastarse con los expedientes, las ofertas y las decisiones de contratación. Una transparencia que necesita tantas explicaciones y encuentra tan pocas voces termina pareciéndose demasiado a la opacidad.
El otoño de las barricadas
El otoño político mexiquense anuncia su llegada con la puntualidad de las hojas ocres y la proliferación de barricadas. Madres buscadoras, transportistas, trabajadores del IMSS, estudiantes de Tenería: cada agravio encuentra en la calle el espacio que no consigue en los despachos. Jacques Rancière entendía la democracia como la irrupción del disenso, la capacidad de los excluidos para alterar un orden que les niega voz. Pero no toda protesta tiene la misma genealogía ni persigue idénticos fines. Hay dolor legítimo, reivindicación laboral, intereses gremiales y, eventualmente, cálculo político. Con 2027 a la vista, el malestar adquiere además valor de negociación para organizaciones y dirigentes. La calle se convierte en una extensión de la disputa por el poder, mientras el ciudadano atrapado entre bloqueos paga los costos de conflictos que no provocó. Conviene distinguir el derecho a protestar de la pretensión de disponer indefinidamente de los derechos ajenos. La calidad democrática se mide tanto por la libertad de disentir como por la capacidad institucional para resolver las causas del descontento. Habrá que prepararse: las hojas caerán por su propio peso; las barricadas dependerán de lo que hagan, o dejen de hacer, quienes gobiernan, y de quienes pretendan convertir el agravio social en mercancía electoral. Porque instrumentalizar la protesta también es una manera de deslegitimarla.
Que nadie se diga sorprendido
La conversación política mexiquense perdió el apetito por los cambios en el gabinete de Delfina Gómez, pero el silencio no significa que las decisiones hayan perdido vigencia. Los relevos están definidos bajo dos criterios: ajustes técnicos para mejorar el desempeño administrativo y consideraciones de competitividad y elegibilidad electoral rumbo a 2027. No son propósitos necesariamente contradictorios. Gobernar exige eficacia; competir por el poder, cuadros y oportunidades. La dificultad comienza cuando ambas lógicas se confunden y los cargos públicos se convierten en estaciones de tránsito hacia las candidaturas. La disminución del interés público tampoco despeja las incógnitas sobre los nombres, los tiempos ni los alcances de la reorganización. Una decisión puede estar tomada sin que su ejecución sea inmediata. En política, el silencio suele confundirse con inmovilidad, aunque no siempre sean lo mismo. Por ahora no hay anuncios oficiales que permitan dar por consumados los movimientos. La gobernadora conserva la potestad de administrar los tiempos y las circunstancias. Y como advierte la sabiduría popular, sobre aviso no hay engaño. Que nadie se diga sorprendido.
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