Yarrington será juzgado en EEUU

De acuerdo a un comunicado conjunto del titular de la PGR, Raúl Cervantes y el Fiscal de Estados Unidos, Jeff Sessions, tras el análisis de pruebas por posibles cargos en Estados Unidos y en México en contra de Yarrington Ruvalcaba, han acordado tanto el gobierno norteamericano como el mexicano solicitar al ministro italiano de justicia […]

De acuerdo a un comunicado conjunto del titular de la PGR, Raúl Cervantes y el Fiscal de Estados Unidos, Jeff Sessions, tras el análisis de pruebas por posibles cargos en Estados Unidos y en México en contra de Yarrington Ruvalcaba, han acordado tanto el gobierno norteamericano como el mexicano solicitar al ministro italiano de justicia “conceda prioridad a la solicitud de EEUU” y solicitar la autorización para la extradición de Yarrington a México.

Con esto y de acuerdo a Alberto Elías Beltrán, subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, el ex gobernador tamaulipeco iría a Estados Unidos; sin embargo, se está realizando la solicitud correspondiente para las declaraciones tanto en Italia como en EEUU para, posteriormente, ser juzgado en México. Lo último con la intención de obtener información sobre las redes de involucrados en los ilícitos cometidos por Yarrington Ruvalcaba.

Explica el subprocurador Elías Beltrán que cuando el juicio estadounidense finalice y en función de las cláusulas de extradición que estén vigentes entre EEUU y México, Washington se compromete a que el ex gobernador Yarrington sea enviado “temporalmente” a territorio mexicano para que enfrente los cargos correspondientes ante la justicia.

Tanto los representantes norteamericanos como mexicanos se comprometieron para el “intercambio de información” del caso y colaboraciones en las respectivas acusaciones en contra de Yarrington recordando que en territorio americano cumpliría una condena de hasta dos cadenas perpetuas, mientras que en México sería sentenciado con una pena máxima de 20 años por delitos contra la salud, entre otros mientras que en EEUU se le acusa de importación y distribución de droga en el territorio, lavado de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero.